Lunes 12 de Febrero de 2018 - 11:54 AM

¿Qué pasa en Santander con Hogares Claret?

Tres jóvenes muertos en los últimos dos años, más de una decena de heridos, ingreso de armas y drogas, y los procesos terapéutico y resocializadores que no funcionan como deberían, son las denuncias que tienen a la Casa de Menores a punto de quedarse sin operador.

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Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL
¿Qué pasa en Santander con Hogares Claret?
(Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)

Hace aproximadamente cuatro meses algunos internos de la Casa de Menores de Piedecuesta, Casam, centro de reclusión para menores de Santander, iniciaron una riña bajo el efecto de las drogas y la Policía tuvo que intervenir. Uno de los chicos, de 18 años de edad, resultó herido, según él, por los golpes que la Policía le propinó y después de tres días fue llevado de urgencia al hospital de ese municipio porque estaba reteniendo orina y se estaba intoxicando.

Tenía parte del riñón lacerado y estuvo en proceso de diálisis por aproximadamente tres meses. Él y algunos de sus compañeros del Centro insisten en que el daño fue causado por un uniformado, por lo que su familia denunció en la Fiscalía, tanto a Casam como a la Policía. La Dirección Regional del Icbf dijo que no tiene conocimiento de este caso en particular y la Policía de Infancia y Adolescencia aseguró que está al tanto de lo sucedido y que esperan las pruebas y citaciones. Si la culpa es de un uniformado, ellos actuarán al respecto.

A partir de este suceso y de las muertes de tres jóvenes desde 2016 a causa de peleas entre ellos mismos con armas blancas, familiares, profesionales que han trabajado allí y profesionales de la justicia en el Sistema de Responsabilidad Penal, han venido denunciando la situación en este Centro de Reclusión de Menores, que se está tornando cada vez peor.

Lo que pasa adentro

Según los lineamientos de Fundación Hogares Claret, los cuales son contratados por el Icbf para operar Casam, este es un Centro de Rehabilitación para Jóvenes Infractores de La Ley Penal, donde a través de un modelo terapéutico y un proceso pedagógico se rehabilitan. Sin embargo, la realidad es otra.
Como relatan dos profesionales* que trabajaron por muchos años en el lugar, cuando Fundación Hogares Claret inició como operador del Centro en el año 2000, las cosas funcionaban bien.

“Había profesionales de Medellín, que fue donde inició la Fundación, y ellos sí sabían cómo manejar los chicos. Poco a poco ellos se fueron y empezaron a contratar personas de acá para que fueran  educadores (personas que cuidan a los jóvenes adentro, ya que no hay presencia de la Policía) y muchos de ellos eran personas que habían estado en la cárcel y habían hecho un buen proceso; pero eso no funcionó porque ellos reaccionaban con violencia con los chicos.

Luego llegaron personas más preparadas pero no duraban sino un mes y entonces empezaron a contratar a cualquiera que medio supiera de trabajo social para cuidarlos y así todo se dañó. No demostraban suficiente autoridad o los trataban a los golpes y entonces los chicos reaccionaban”, relatan.
 Los adolescentes empezaron a fabricar armas con todo lo que encontraban, a atacarse entre ellos y a consumir drogas que les lanzaban por los muros, les llevaban algunos familiares o que los mismos educadores y profesionales les vendían. Todo sin un control más allá de incautaciones de la Policía y requisas exhaustivas a los que ingresaban al lugar.

Esas requisas, junto al peligro que corren sus hijos adentro por el nivel de inseguridad, son lo que más denuncian las madres de familia.

“Nos requisan hasta vulnerarnos los derechos, hay un perro que detecta eso, pero igual nos hacen quitar todo y nos tocan en todo lado. No se dan cuenta que los que les llevan todas esas cosas son los mismos de adentro que además los muelen a golpes y las directivas no hacen nada”, menciona una de las mamás, que no revela su identidad por miedo a que tomen represalias contra su hijo.

Todas coinciden en lo mismo. Dicen que desde que ellos entraron ahí se han vuelto peores porque necesitan defenderse y exigen que alguien responda, porque la ley dice que eso es un lugar de rehabilitación y no un “curso para malandros”.

En efecto, como manifiesta Oswaldo Amaya, teniente de la Policía de Infancia y Adolescencia, se han hecho capturas de educadores y profesionales que ingresan y venden droga, pero también se ha encontrado en familiares. Entonces mientras no haya otra forma de controlar eso, se debe hacer así.

Falta de infraestructura

Un operador de justicia* que ha visto de cerca varios procesos de jóvenes en Casam, dice que los protocolos que plantea Hogares Claret son buenos, pero en Santander son mentirosos, pues el nivel de inseguridad adentro no permite que se lleven a cabo.

Los muchachos sí tienen clases, sí tienen orientación psicológica y todo eso, pero no se cumple a cabalidad. “Yo estuve en una unidad donde estaba el profesor, había tres estudiando y los otros tomando el pelo y consumiendo drogas. Luego ese docente me pasa el informe diciendo que todos estaban estudiando. Claro, ese docente no tiene seguridad, porque ya no hay control,  y si excluye a algunos muchachos, lo chuzan, hablando en sus términos”, comenta.

Según él, sí es verdad que muchos de los internos llegan por delitos graves y adentro se vuelven peores porque ven la oportunidad de tener control en el lugar. Y otros, sobre todo los que vienen de provincia o han cometido delitos no tan graves, como hurto, desean  rehabilitarse pero al chocarse con la realidad no ven otra opción que aprender a defenderse, pues no ven una autoridad que les ayude.

Lo anterior, explica, se ve agravado porque la infraestructura no es la adecuada. “Allá no hay cosas tan simples como un escáner para ver qué lleva la gente, entran drogas, armas, de todo. Hay cámaras pero no hay quien las vigile o algunas no funcionan. Arrojan droga y armas por la calle y caen a los patios. Las locaciones no son dignas y eso es gran parte del problema”.

En esto coinciden todos los entes que tienen que ver con el Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes. El problema es que hasta ahora no se ha hecho nada, además de unas cuantas restauraciones locativas.

Habla el operador

Desde la dirección de Hogares Claret en Santander la respuesta fue que no iban a pronunciarse sobre la situación y que el encargado de hablar del tema era el Icbf; sin embargo, el director administrativo de la Fundación a nivel nacional, Hernán Montoya Cadavid, declaró que sí conocen de los problemas al interior y que a pesar de haber intentado contribuir a la mejora del lugar ha sido imposible, pues las instalaciones donde funciona el Centro en Piedecuesta no permiten el buen funcionamiento.

Para él, la infraestructura es el mayor de los problemas, pues los jóvenes no cuentan con un lugar digno para su proceso. Afirma que en Montenegro, Quindío, y en Barranquilla, la Fundación presta los mismos servicios para menores infractores y han sido reconocidos como lo mejores, pues las locaciones son perfectas: una celda para cada joven, espacios de esparcimiento y recreación amplios y seguridad garantizada.

En vista de los problemas, la Fundación decidió entregar la operación del  programa. La fecha de entrega iba a ser el próximo 18 de febrero; sin embargo, ninguna institución desea adquirir esa responsabilidad, por lo que van a esperar.

Por su parte, la directora del Icbf en Santander, Margy León, dice que aunque ellos son los que contratan, no son los únicos que deben responder y que cuando hay denuncias ellos han pasado a las autoridades encargadas de investigar. Respecto a la contratación de personal no calificado, respondió que ellos hacen un estudio de las hojas de vida y las avalan y que es la Fundación la que decide contratar o no. “El Sistema de Responsabilidad Penal en los menores está a cargo de muchas entidades, quien lidera, que es la Gobernación y las Alcaldías, Fiscalía, Procuraduría, Policía y demás. Todos  conocen la situación y deben actuar también”.

Las posibles soluciones

Adriana Contreras Acevedo, enlace profesional para el Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes de la Gobernación de Santander, explica que lo que pasa en Casam se debe a varias causas.

Primero a la infraestructura tan precaria que tienen, donde no hay niveles de seguridad y control, ni espacios adecuados para los jóvenes. Segundo, que la mayoría de jóvenes que están, más del 70%, son mayores de edad, pues ingresaron de 17 años y algunas penas son de más de cinco años.

Según Contreras, los de más edad son más difíciles de controlar y en vista de que el Sistema dejó un vacío jurídico en cuanto a la seguridad adentro, porque no se definió quien debe controlar, a los educadores se les sale de las manos ese papel.

Esa, precisamente, es la tercera causa. La Policía de Infancia y Adolescencia solo puede prestar servicio perimetral  y controlar el ingreso el día de las visitas. Solo pueden entrar cuando las directivas lo requieran, es decir, cuando haya motines o incautaciones. El resto del tiempo los educadores son los cuidadores y no se están viendo resultados.

Para ayudar a solucionar el problema se creó un Comité Departamental para la Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes en Santander, donde participan todos los entes involucrados.

Allí se han planteado algunas soluciones que se llevarán a cabo este año como construcción de camarotes en concreto, que no puedan desarmar para hacer armas, la compra e instalación de un escáner especializado para detectar droga y armas en el ingreso y unas obras de reforzamiento de los muros para evitar que por ahí les lancen drogas y otros elementos.

Respecto a una nueva sede, manifiesta que no se ha logrado nada aún.

* Se omiten los nombres por solicitud de las fuentes.

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Publicada por: IRINA YUSSEFF MUJICA
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