Viernes 20 de Abril de 2018 - 05:07 PM

Con tutelas la Procuraduría buscará garantizar el alimento a más de 500 mil niños

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, informó que acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de cerca de 500 mil niños de cuatro departamentos y 12 municipios en donde las autoridades locales no han logrado acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL
La Procuraduría anunció pliego de cargos contra varios gobernadores por irregularidades en el PAE.
(Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)

“De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal”, expresó el Procurador.

En Casanare ocurre una situación similar, el PAE funcionó hasta marzo con recursos de la administración anterior y hasta el momento no se ha concretado un nuevo proceso licitatorio para proveer de alimentación a estudiantes para el periodo 2018.

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El caso de Cartagena es crónico

El Ministerio Público encontró que la capital de Bolívar, en lo corrido del año escolar, que inició el pasado 29 de enero, 89.718 niños no han recibido alimentación escolar, siendo más preocupante de la situación de más de 12.280 de ellos, quienes estudian en jornada única.

“Esto significa que los niños permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar”, aseguró Carrillo.

En el caso de Montería -dijo- el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos, lo que implica que los menores estarán un tiempo indeterminado sin alimentación escolar, puesto que el solo hecho de abrir un nuevo proceso licitatorio tardaría, al menos, 20 días hábiles.

Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.

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Juicios e imputaciones

Por irregularidades en la ejecución del PAE (2016), en las últimas horas el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de Educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero.

Así mismo, la Procuraduría citó a juicio disciplinario, en un proceso verbal, a los funcionarios de la gobernación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado (Secretario de Educación; José Luis Moreno Lozano (jefe de la Oficina de Contratación), y Óscar Darío Mayama Quetama (secretario de Servicios Administrativo) y gobernador encargado para la época de los hechos.

Entre los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 habría sido adjudicado un contrato ‘a dedo’ a un proponente que presuntamente no cumplía con la capacidad para desarrollar el convenio.

Igualmente, se formularon cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; al secretario de Educación, Milton Humberto Delgado, y al jefe de la Oficina Asesora de la gobernación, Andrés Antonio Caicedo Arana.

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También se formularon cargos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexánder Montoya Estepa, a quienes se les reprocha haber entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio de asociación 010 de 2016, por valor de $3.000 millones de pesos, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.

Adicionalmente, el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

Por último, se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.

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Publicada por: COLPRENSA, BOGOTÁ
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