Miércoles 05 de Septiembre de 2018 - 12:01 AM

Los líderes sociales aún no tienen paz

El “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, fue firmado por el presidente Duque y busca restaurar la confianza en la justicia.

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/VANGUARDIA LIBERAL
(Foto: /VANGUARDIA LIBERAL )

Al menos 184 líderes han sido asesinados en lo que va corrido de 2018, con el que se registró ayer en Tarazá, Antioquia, y aunque no existe una cifra exacta, lo cierto es que, según los expertos, Colombia está viviendo una crisis humanitaria en materia de Derechos Humanos.

Y mientras la semana pasada el presidente Iván Duque firmaba un Pacto para garantizar la seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos, dos comunicadores comunitarios fueron asesinados en Cauca y Valle.


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La situación es cada día más difícil porque no es solamente el asesinato de líderes sino también otro tipo de agresiones, como las amenazas y las judializaciones, de acuerdo los mismos defensores de Derechos Humanos.

Camilo González Posso, Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, dijo “hay una emergencia nacional que todavía no tiene eco suficiente ni en la sociedad ni en el Estado... creo que hay que calificar los asesinatos como una situación de emergencia social para que tenga una respuesta distinta, no puede ser simplemente que investigue la justicia sobre los muertos, hay que prevenir y hacer algo profundo porque estamos aterrados de lo que está pasando”.

Democracia herida

Diego Hernández Velásquez, profesor de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de la UIS, “resulta llamativo el hecho de que la sociedad civil no se pregunte por qué estos asesinatos de una manera colectiva. Han sido muy pocas las veces donde cierto tipo de organizaciones, también de derechos humanos, son los que nos han llamado la atención a toda la sociedad en general de hacer algo efectivo frente a estos asesinatos”.

“En Colombia tenemos un modelo de democracia constitucional en donde el pluralismo, las diferentes posiciones respecto a los asuntos importantes y valiosos en la sociedad es fundamental, pero la sociedad no ha entrado en ese modelo, entonces podemos decir que la democracia está herida cuando se producen estos asesinatos. Y es que cuando atacan a un líder social atacan el principio fundamental que es el pluralismo”, explicó Hernández Velásquez.

Además, “falta una política criminal que entienda estos fenómenos: cómo ocurren, por qué se dan, qué facilita que en ciertos territorios la eliminación de líderes sea mas sencilla. Si no estudiamos el fenómeno criminal, es muy difícil coyunturalmente resolverlo”.

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Las amenazas

Sobre el tema de garantías y protección a líderes y defensores de derechos humanos en Barrancabermeja, hay una lectura diferente a la del resto del país, precisó Iván madero presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos.

Según Madero, “el hecho victimizante más destacado a líderes sociales son las amenazas, eso quiere decir que la lectura es diferente porque el contexto no se puede analizar alrededor de la criminalidad, sino sobre la tipificación de la amenaza como un efecto que genera un impacto sobre el quehacer de los defensores de derechos humanos y esto invisibiliza la acción de los defensores, el trabajo de las organizaciones sociales, no solamente de derechos humanos sino comunitarias, gremiales y de víctimas”.

Es así como “en Barrancabermeja hasta mayo de este año se han registrado 30 amenazas donde su gran mayoría son hacia los presidente de Juntas de Acción Comunal, JAC, y el actor son las nuevas estructuras paramilitares las cuales quieren llamar bandas criminales o grupos organizados al margen de la ley, los “GAO”, entonces nosotros hablamos de esa nueva faceta del paramilitar que gira alrededor del microtráfico; y ¿porqué a los líderes?, porque hay una disputa del territorio a nivel urbano y barrial”, precisó el presidente de Credhos.

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Acciones desde la Fiscalía

De acuerdo con un reciente informe de la Fiscalía, se ha avanzado en un 49.18% en el esclarecimiento de homicidios en defensores de Derechos Humanos.

Durante 2018 la Fiscalía ha recibido 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

Atacados a bala

Beatriz Elena Alemán Parra, es la Gobernadora de la comunidad indígena Zenú radicada en Barrancabermeja; desde hace dos años ella debe andar con escolta y chaleco antibalas, debido a las constantes amenazas de las que ha sido objeto.

“En mayo de este año llegaron al cabildo a las 11:50 de la noche y dispararon con changón y revolver a la casa del Cacique y yo vivo detrás de la casa de él. Del atentado no se sabe quién fue, porque hay paramilitares y grupos armados y, en agosto pasado nuevamente recibimos amenazas a través de panfletos”.

De acuerdo con la Gobernadora indígena, “no podemos salir al campo y el liderazgo no lo hemos podido ejercer por el tema de seguridad, ya que no puedo ni salir casi a la tienda porque me toca estar con el escolta y además a veces utilizar el chaleco se me dificulta por una cirugía que me hicieron”.

“La comunidad indígena tuvo que salir de Córdoba por la llegada de los paramilitares a la zona y ahora también viven con temor en un barrio de Barrancaberjema”.

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Publicada por: NELLY VECINO PICO
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