2008-07-18 05:00:00

¿En qué va la salud pública?

Una de las normas que más polémica ha generado en los últimos ha sido la ley 100, sobre seguridad social.

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¿En qué va la salud pública?

El estatuto ideado con intención de aumentar la cobertura en salud y crear nuevos sistemas de pensión por vejez que garantizasen el disfrute de un retiro digno a los colombianos, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, que van desde el reclamo del gremio médico por un supuesto detrimento en sus ingresos que habría originado la llamada socialización de su profesión, hasta la crítica situación porque atraviesan la mayoría de instituciones prestadoras del servicio de salud, en especial las de naturaleza pública, además del grave déficit que arrojan las cuentas del régimen pensional.

Varios intentos ha habido por aplicar una reforma de fondo a la estructura creada por la citada ley, sin que hasta ahora se haya acometido el trabajo de modificación de la ley.

Uno de los principales derechos que tiene todo ser humano es el de la vida, que incluye por supuesto, la salud. Nuestra Constitución política, como tiene que ser, lo reconoce y la Corte Constitucional ha tutelado con insistencia su aseguramiento.

No obstante, el modelo, aunque loable en su motivación, ha resultado imperfecto en la concepción del financiamiento de los servicios. De otro lado, en la práctica, el flujo de recursos monetarios entre las EPS a las que aportan los afiliados y las IPS, no corresponde a las necesidades de operación de la actividad económica que implica la atención a los demandantes de atención médica y hospitalaria.

Con desempleo de dos dígitos y subempleo con proporción semejante, la carga de cotización recae en menor número relativo de personas que costeen el retiro de sus semejantes.

El Estado, no solo no ha apropiado lo que debería corresponderle, sino que los fondos que deben garantizar la cobertura de las pensiones en el sector público, son reiteradamente distraídos a otros fines operacionales.

Los hospitales públicos, que no suelen ser preferidos por los usuarios pertenecientes al régimen contributivo ni por las más solventes EPS, presentan preocupantes atrasos en el cobro de su cartera y terminan trasladando el problema a las entidades territoriales que por disposición normativa, deben asumir el costo de la asistencia a quienes no tienen cómo aportar.

Urge revisar la legislación sobre seguridad social, que la Nación provea fondos a los departamentos para atender en óptimas condiciones la salud pública, manteniéndose la viabilidad económica y financiera de las ESE.

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Publicada por: Jorge Humberto Galvis Cote