2008-11-28 05:00:00

Bucaramanga: “ciudad tortuga”

Todo el ruido que hay con pirámides caídas, referendos vergonzosamente descuadernados y ataques personales gobierno-oposición, no alcanzan para poner en segundo lugar una situación realmente crítica: el rezago en la infraestructura básica. Obviamente no incluyo en la lista de “ruidos” los crímenes de Estado (desapariciones y homicidios de inocentes), porque sería ofensivo con la sociedad civil calificar semejantes holocaustos, simplemente como “crisis” o “ruidosos escándalos”.

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Bucaramanga: “ciudad tortuga”

Volvamos a la infraestructura y aterricemos en Bucaramanga. Es cierto que el proyecto “Metrolínea” es de una magnitud importante que demanda obras cuantiosas. Pero ¿acaso se trata de un “megaproyecto” o de una obra civil exorbitante?. Ahí no hay grandes túneles, no hay inmensos puentes interconectados ni excavaciones monumentales para ensamblar estructuras colosales. Es sólo una reacomodación de la malla vial que exige, eso sí, buena planeación del proyecto, coordinación y eficiente administración. Bucaramanga, ciudad sede de una de las universidades de ingeniería con mayor prestigio en América Latina, tendría que ejecutar bien este proyecto, casi con los ojos cerrados. Y sin embargo, va a paso de tortuga.

La falta de destreza de la entidad ejecutante para articular el proceso constructivo, administrar la contratación y utilizar herramientas jurídicas y administrativas, está dejando una pésima imagen de la región y, lo peor, sentando las bases para una eventual avalancha de reclamaciones y demandas millonarias en contra de la administración pública. Desde las aperturas y trámites de las licitaciones se ha visto una claudicación de la gerencia de Metrolínea en el liderazgo del proyecto que le corresponde legalmente, y una insulsa imprevisión que se refleja en simple reactividad ante las urgencias.

Mientras el ente se muestra ciego ante las demoras de las obras, insiste en abstenerse de adoptar medidas de mitigación de riesgos. Perjuicios como los que se desencadenarían para los concesionarios de operación, por ejemplo, si activan sus compromisos financieros para traer la flota sin poderla usar por el retraso en las obras, son ingenuamente ignorados.

En concesión, como en cualquier esquema de participación de capital privado en infraestructura pública, los hechos atribuibles al ente contratante acarrean responsabilidad estatal cuantiosa. Es burdo, por decir lo menos, que cada contrato se trate aisladamente en un proyecto público y que los intereses politiqueros de cortar cintas inaugurales, primen sobre la eficiencia y los costos que se pagan con dineros de los contribuyentes.

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Publicada por: Samuel Chalela O.