2008-12-23 05:00:00

Por homicidio, siete militares en la mira de la Procuraduría

Un oficial, un sub oficial y cinco soldados profesionales del Ejército deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

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Por homicidio, siete militares en la mira de la Procuraduría

Así lo determinó el Ministerio Público tras abrirle pliego de cargos a los uniformados involucrados en la muerte de María Anaire Niño Vargas, Elizabeth Verdugo Niño, Elvia Colmenares y Miguel Guatibonza y tres personas más que han sido señaladas como pertenecientes a un grupo ilegal armado.

Según la Procuraduría los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2004 cuando en desarrollo de la operación ‘Eficacia 1’, el grupo de contraguerrilla Apocalipsis, adscrito al Batallón Tarqui al parecer incursionó en la casa de Alejandro Verdugo Corredor, ubicada en la Vereda Cuaza del municipio de Labranzagrande, Boyacá.

Ese día, se cree, el grupo de uniformados bajo el mando del Subteniente Fredy Duarte Zapata, habría asesinado a las siete personas que se encontraban en el lugar.

síntesis
Ex comandante del Gaula en Córdoba será investigado

•    Un fiscal de Derechos Humanos y DIH vinculó mediante indagatoria al ex comandante del Gaula en Córdoba, mayor ( r ) del Ejército Julio César Parga Ruiz, por los crímenes de dos jóvenes reportados como muertos en combate.
•    Los hechos tienen relación con las muertes de Daladier Herrera Osorio y Omar Alfredo Osorio Almanza, cometidos el 5 de marzo de 2006.
•    Según la investigación los dos jóvenes fueron contactados en Caucasia (Antioquia) para trabajar en fincas cercanas a Montería, en cuya zona rural fueron muertos durante un presunto enfrentamiento con el Gaula.
•    Por ese caso, la Fiscalía acusó a dos oficiales y a cuatro soldados profesionales. Otros dos soldados están cobijados con medida de aseguramiento. Parga Ruiz fue capturado el 17 de abril de 2008 y está solicitado en extradición por autoridades judiciales estadounidenses que lo procesan por narcotráfico.

LA INVESTIGACIÓN

Las primeras versiones entregadas por los militares, afirma la Procuraduría, son contradictorias, pues en el informe de patrullaje se indica que se llegó al objetivo sin ser detectados y de ese modo “se pudo dar sorpresa al enemigo y a los postas o centinelas que custodiaban la parte baja”. De otro lado, los testimonios de los uniformados hablan de un combate que concluyó con las muertes referidas.

Otras personas, que dicen haber estado presentes el día de la tragedia, afirman que nunca se dio ningún combate y que “la incursión militar se hizo cuando las víctimas estaban en total estado de indefensión”.

Para el Ministerio Público tanto los campesinos como las personas señaladas de ser guerrilleros “no estaban participando de hostilidades y se encontraban en estado de indefensión, por tanto todos ellos tenían la condición de persona protegida por las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Las primeras pruebas recopiladas en la investigación conducen a la duda del presunto combate sostenido entre los militares y las víctimas, razón por la cual la Procuraduría encontró mérito para elevar pliego de cargos.

 

 

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Publicada por: Colprensa, Bogotá