Lunes 16 de Julio de 2018 - 12:01 AM

Al oído del nuevo Congreso

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Columnista: Alvaro Beltran Pinzón

Aunque se aprecia evidente el carácter controversial que primará en las sesiones del Congreso de la República que comienza su período el próximo 20 de julio, no está de más sugerirle la conveniencia de establecer una metodología para revisar, actualizar, reordenar y depurar la excesiva normatividad que encauza el quehacer nacional y que ha sumido al ciudadano en un verdadero galimatías para desarrollar alguna iniciativa y tener una referencia confiable de los linderos dentro de los cuales puede ejercer sus derechos y dar cumplimiento a sus deberes.

Para justificar la falta de acción en la corrección de diferentes situaciones, el Estado ha optado por recurrir a una producción exagerada de decretos y leyes que pretenden reglar hasta el mínimo detalle de cualquier problemática. Medir la pertinencia de las normas vigentes, su coherencia, alcances e implicaciones es parte integral de un trabajo legislativo serio y aplicado que podría acometerse con el concurso de la academia. La profusión regulatoria, que se complica aún más con las particulares disposiciones municipales, se traduce en una tramitología engorrosa, insoportable y paralizante de la función pública que solo le conviene a quienes están interesados en propiciar la ineficacia de las instituciones para favorecer oportunismos de todo tipo, que ha derivado en la corrupción generalizada que soportamos.

Las empresas públicas y privadas, que por su naturaleza debieran ser abanderadas del mejoramiento de la productividad, han asimilado esta propensión y también han acogido el camino de enredar y hacer más difíciles los trámites a sus clientes, para prevenir las continuas suplantaciones y fraudes de que son víctimas en su servicio. Las interminables gestiones en los denominados call center, las validaciones de claves para las operaciones electrónicas y la exigencia del costoso reconocimiento biométrico en las congestionadas notarías, pueden ser ejemplo de esta carga a que se somete al ciudadano.

La costumbre de evaluar la eficiencia del Congreso de la República mediante la cuantificación del número de leyes expedidas, paradójicamente tiene que dar paso a una nueva medición que consulte la contabilización de las normas impropias derogadas.

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Autor: Alvaro Beltran Pinzón
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