Domingo 07 de Febrero de 2016 - 12:01 AM

Estado de Emergencia Territorial

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Columnista: Andrés Mejía

Cada vez que en La Guajira muere un niño por causas evitables, un gigantesco signo de interrogación aparece sobre la figura de la descentralización colombiana. No hay que ser conservador ni ser de derecha, ni ser retrógrado para darse cuenta de que el poder en las entidades territoriales, en su mayoría, no solamente es incapaz de atender las necesidades de la gente, sino que se ha convertido en un lucrativo negocio descrito a la perfección en las palabras del ex senador Juan Carlos Martínez: “una alcaldía deja más plata que un embarque”.

A nivel central también existe corrupción y también hay politiquería. Pero habría que ser ciego para ignorar que estos males han alcanzado dimensiones estrafalarias en las entidades territoriales (no en todas, por supuesto, pero sí en una gran mayoría). Al punto de que en una columna de hace ya cinco o seis años, Daniel Samper Pizano calificó a la elección popular de alcaldes como un cáncer nacional.

Las maquinarias políticas territoriales son ya todo un sector de la economía: un modo de vida que eligen muchas personas, una carrera, un emprendimiento cuyo fin último es succionar todo lo que se pueda del presupuesto público o del presupuesto de los particulares que tienen que gestionar trámites ante el sector público. En muchos municipios la “tarifa” que se cobra por un cambio en el POT es secreto a voces. Los contratos enriquecen a los políticos y a fundaciones falsas de sus amigos o familiares. Y mientras tanto, mueren los niños de hambre y enfermedades; hay ciudades capitales sin agua; hay hospitales que carecen de lo básico.

No podemos simplemente dar marcha atrás en la descentralización: ello sería simplista y regresivo. Pero tampoco podemos permitir que, en virtud del culto a un principio o a una idea, sigan muriendo niños.

Por ello, he propuesto introducir en la Constitución una figura que actuaría como una especie de estado de excepción: ante una crisis humanitaria verificada, frente a la cual las autoridades territoriales han sido incapaces, el Gobierno Nacional podría, previo visto bueno de la Corte Constitucional, separar de sus funciones a la autoridad departamental o municipal y asumirlas directamente durante un período definido. La incompetencia de la autoridad territorial, incompetencia cruel y asesina en muchos casos, se convierte así en fundamento para que se le haga a un lado, y el Gobierno Nacional, no perfecto pero menos malo, asuma la atención de la crisis.

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Autor: Andrés Mejía
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