Viernes 06 de Julio de 2012 - 12:01 AM

Justicia sin reforma constitucional

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Columnista: Instituto De Victimología Usta

La justicia puede reformarse sin necesidad de una reforma constitucional, señaló el exministro Fernando Carrillo en entrevista reciente. Y tiene toda la razón, por cuanto el problema de la justicia no es el juzgamiento penal de los congresistas o el procedimiento de pérdida de investidura, ni elevar a condición de aforado al secretario del Senado. ¡No! El principal problema de la justicia es el acceso efectivo de todos los ciudadanos a su administración y el respeto de sus derechos y garantías al interior de un proceso, llámese civil, administrativo, laboral, penal o de familia.


La mora en la administración judicial, la congestión de los juzgados, la lentitud de los procesos y la falta de presupuesto, entre otros, son asuntos que pueden resolverse utilizando la ley o los decretos sin modificar la Constitución, como cuando se legisla para agilizar un proceso o para abreviar ciertos procedimientos, fortaleciendo realmente la posibilidad ciudadana de acudir ante un juez para solucionar su conflicto. Sin abusos, por supuesto, pues tampoco todo conflicto requiere atención judicial.


A propósito, ya viene el denominado Código General del Proceso, que modifica sustancialmente el procedimiento civil y la dinámica operativa de esos procesos, implantando la oralidad. Esa reforma legislativa podría combatir la demora judicial, pues se anuncia que el término máximo para adelantar un proceso civil será de un año, y nótese que para ello no hubo necesidad de reformar la Carta Política. O sea que el asunto es de seriedad legislativa para cambiar la estructura de los procesos judiciales, pero sin tocar la Constitución.


Dejando atrás los líos de la fracasada reforma de la justicia, destáquese que si el Gobierno quiere favorecer el sistema judicial debe empezar por hacer una revisión de todos los procedimientos existentes para proponer ante el Congreso las reformas necesarias de los códigos y también la reforma de la acción de tutela, ya que para nadie es un secreto que ese mecanismo, aunque muy útil e indispensable para los ciudadanos, ha sido un factor desencadenante de la congestión judicial, pues por atender prontamente esas acciones se descuidan labores propias de la especialidad del juzgado.


Valdría la pena volver a considerar la propuesta de la creación de jueces de tutela, quienes se ocuparían exclusivamente de la protección de derechos fundamentales. Y también, volver a discutir una ley de pequeñas causas o una ley de contravenciones especiales, para que cualquier episodio menor no entre a engrosar la lista de los miles de procesos en espera de justicia

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Autor: Instituto De Victimología Usta
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