Viernes 13 de Julio de 2012 - 12:01 AM

Cárcel para la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria

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Columnista: Instituto De Victimología Usta

Acaba de entrar en vigencia una norma que prohíbe el desistimiento en los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Se trata de la Ley 1542 de 2012, por medio de la cual esos delitos tendrán que ser investigados oficiosamente, o sea, hasta el final y las últimas consecuencias.


Según el discurso oficial se pretende acabar con la impunidad en esas conductas, permitiendo que cualquier persona conocedora de su comisión pueda denunciarlas ante la Fiscalía, sin que sea necesaria la queja de la persona maltratada o de la madre que no recibe alimentos para sus hijos. El ente investigador y los jueces deberán agotar todo el procedimiento en contra del presunto responsable hasta proferir la sentencia, a menos, claro está, que éste acepte anticipadamente su responsabilidad. El propósito de la nueva disposición es: a la cárcel los maltratadores de la familia y los padres que deben alimentos a sus hijos de manera injustificada.


La adopción de esas medidas extremas y severas envía un mensaje de alerta a esa clase de infractores, pero a su vez parece hundir a la Fiscalía en una profunda congestión, pues lo que antes podía solucionarse en una audiencia de conciliación o con el pago de los alimentos adeudados hoy tendrá que investigarse y sancionarse sin remedio, si se reúnen los presupuestos indispensables para ello. Por la violencia intrafamiliar está bien, para que ante el riesgo de cárcel pueda disminuir el gran número de casos de agresiones físicas o sicológicas en el núcleo familiar; pero no creemos que la vía de solución para un delito como la inasistencia alimentaria sea exclusivamente la represión estatal, cuando a todas luces subyace un problema socioeconómico y hasta de pobreza del deudor alimentario.


El aumento de la carga laboral de las Fiscalías Locales será inevitable y seguramente quedará de nuevo en evidencia que faltan funcionarios para atender tantas denuncias. Las voces de los expertos no siempre han recomendado medidas penales para dirimir esos conflictos de ausencia de recursos económicos. Por el contrario, proponen la creación de programas interinstitucionales con la presencia de un fiscal, un psicólogo, un médico pediatra y un trabajador social, todo con el fin de proteger y preservar los derechos de los menores afectados, que son los que en esencia merecen la prioritaria atención del Estado.


Otra vez se nota la ausencia de una política pública en estas materias, creyendo a ciegas todavía que sólo la dureza de la ley penal podrá acabar con todos nuestros conflictos.  

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Autor: Instituto De Victimología Usta
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