Viernes 27 de Julio de 2012 - 12:01 AM

Que conducir borracho sea un delito

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Columnista: Instituto De Victimología Usta

Resulta innegable la preocupación del Estado y la ciudadanía por el alarmante índice de muertes y lesiones ocurridas en accidentes de tránsito con conductores al volante en estado de embriaguez. En lo corrido del año se registran 67 muertes en el área metropolitana y 250 en todo el país, y el número de heridos supera cualquier cálculo. La preocupación se acompaña de indignación y repudio, sobre todo porque los sucesos se repiten a diario y se incrementan los fines de semana.

Y los comparendos por conducción con alicoramiento tampoco disminuyen, así las normas revelen sanciones drásticas como la pérdida de la licencia o la prohibición de conducir vehículos automotores. Nadie se explica si todo ello es producto de la ignorancia, la imprudencia, la falta de cultura ciudadana o la deliberada infracción normativa, o una mezcla de todas esas causas. Pero lo cierto es que el país no soporta más embriagados como choferes.

Una propuesta: si en verdad se quiere disminuir la conducción de automotores en estado de embriaguez, lo lógico es entender que la seguridad en las vías o carreteras merece más protección del Estado y para ello sería bueno que se tenga como un delito la conducción bajo el influjo de licor, de suerte que el conductor ebrio sea sancionado penalmente así no se registre ningún accidente con muertos o heridos. O sea que la infracción prevista en el Código de Tránsito se convertiría en delito consagrado en el Código Penal, entendiéndose que así se muestra necesario por constituir un peligro para la vida y la integridad personal y por la importancia de proteger la seguridad vial.

Para que se tome en serio este asunto, las sanciones penales para la conducción en estado de ebriedad deberían ser la prisión, una elevada multa y la pérdida definitiva de la licencia; y aunque algunos exclamarán que la prisión es una pena muy severa, debe asumirse que esa sanción será moderada y que podría oscilar entre seis meses y un año con la obligación de realizar trabajos sociales o pedagógicos. Incluso sería proporcional una prisión domiciliaria pero siempre con el compromiso del trabajo comunitario.

La experiencia española en esta materia podría servir de pauta para el modelo colombiano, como también la experiencia peruana, un país cercano que ya introdujo la represión delictiva a la peligrosa y despreciable conducción de vehículos automotores en estado de embriaguez. Y no es extraño a estas políticas volver a la creación de cárceles para conductores. El legislativo tiene la palabra. 

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Autor: Instituto De Victimología Usta
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