Domingo 08 de Julio de 2018 - 12:01 AM

Operación Guane Fase I

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Columnista: Maria Juliana Acebedo

En el 2017, un hecho sin precedentes sacudió a Santander: la actuación con determinación y contundencia de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Operación Guane Fase I, que busca castigar hechos de corrupción que afectaron a Santander en los últimos años. El PAE, Manantial de Amor, el POT de Piedecuesta, Panachi, Metrolínea, concejales de Floridablanca y San Gil, la Urbanización La Primavera de Barichara, entre otros, fueron los principales casos investigados por la Fiscalía, con resultados inmediatos: capturas de altos funcionarios, como el exgobernador Aguilar, alcaldes y exalcaldes, secretarios de despacho, asesores, contratistas y particulares.

Cada día, los medios informan los avances de las investigaciones, tristemente, para muchos afectados y veedores, hay un caso que no muestra avance alguno por posibles prácticas dilatorias, que buscan vencimientos de términos en el proceso, se trata del caso de la urbanización ilegal de interés social La Primavera en Barichara, en donde el alcalde Israel Alonso Agón Perez, junto con varios funcionarios de su administración se encuentran privados de la libertad, por los delitos de Urbanización ilegal, Interés indebido en la celebración de contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Peculado por apropiación, Peculado por destinación oficial diferente, Falsedad material en documento público, Falsedad ideológica en documento público y Prevaricato por acción. Desde septiembre de 2017, se ha intentado avanzar en el proceso penal, sin éxito alguno, se ha dificultado su normal desarrollo, debido a que los abogados defensores han logrado aplazar de manera reiterada las audiencias preparatorias. Derrumbes en la carretera, excusas médicas, permisos por estudio, entre otras, han sido las constantes excusas de la defensa de los sindicados, entorpeciendo el proceso, dejando a las víctimas en la incertidumbre de un proceso inmóvil, burlados por una justicia ineficiente, que permite abusos de personas que sacaron beneficios económicos personales, aprovechándose de la buena fey del sueño de familias para consolidar su proyecto de vida a través de una vivienda que nunca ll egó. Sería interesante conocer el punto de vista del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre estos aplazamientos y lo que se busca con ellos.

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Autor: Maria Juliana Acebedo
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