Domingo 19 de Marzo de 2017 - 12:01 AM

Un peligro aún mayor

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Columnista: Rafael Nieto Loaiza

La financiación ilegal de las campañas de Santos en 2010 (confesada por Roberto Prieto) y del 2014, de la que hay múltiples indicios, ha distraído a la opinión pública de un peligro aún más grave. De acuerdo con el fast-track aprobado por la Constitucional, a más tardar la próxima semana se incorporaría a la Constitución Política el acuerdo remendado con las Farc.

A esa reforma constitucional solo le falta ser aprobada en la plenaria de la Cámara. Ni siquiera el escándalo hará que no obtenga las mayorías necesarias. El Gobierno ya enmermeló a los congresistas que estaban poniéndose difíciles con la justicia especial para las Farc. Al paso que vamos, a los parlamentarios de la unidad nacional les va a dar diabetes y al resto de los ciudadanos nos seguirá doliendo el bolsillo para pagar los potes de dulce con que Santos los unta. Y entre más mal le va al Presidente, más mermelada necesita.

Hay que recordar que Santos le concedió a la guerrilla que el acuerdo que firmaran se integraría a la Constitución por vía de hacerlo parte del “bloque de constitucionalidad”.

Más tarde, los negociadores gubernamentales, después de su derrota en el plebiscito, aseguraron que una de las mejoras “aceptadas” a los voceros del No sería que el acuerdo no hiciera parte de la Carta. Pues bien, aquí también hicieron conejo.

En efecto, el proyecto de acto legislativo referido reza que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”. Es decir, el acuerdo sería una norma por encima de la Constitución y obligaría a todas las ramas del poder público y a todos los órganos del Estado, sin excepción.

Para rematar, la reforma pretende que el acuerdo remendado produzca esos efectos obligatorios desde ahora y hasta agosto del 2026. Ni más ni menos.

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Autor: Rafael Nieto Loaiza
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