Domingo 12 de Agosto de 2018 - 12:01 AM

Consulta Anticorrupción

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Columnista: Rafael Nieto Loaiza

rafaelnietoloaiza@yahoo.com

La consulta popular es uno de los mecanismos de participación creados en 1991. “Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado, no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. El censo para esta consulta es de 36.421.026 colombianos, es decir, el umbral es de 12.140.342 ciudadanos. La Consulta Anticorrupción trae siete preguntas. Dos de ellas son inconstitucionales, porque no se pueden realizar consultas “sobre temas que impliquen modificación a la Constitución”: la rebaja del salario de los congresistas, y la siete propone que los congresistas, los diputados y los concejales no puedan serlo, sino un máximo de tres periodos. En ambos casos habría que reformar la Constitución. Además, en ninguno hay corrupción. Se puede discutir si es conveniente que los altos funcionarios ganen lo que ganan, pero es lo que dice la ley. Por cierto, esa pregunta afectaría no solo a los congresistas, sino a muchísimos funcionarios del Estado cuyos salarios se establecen con base en el de los congresistas. Si bajan los de unos, bajan los de los otros. Y es posible debatir si es prudente que un concejal esté más de tres periodos, pero que lo esté no es corrupto. En las otras preguntas estamos de acuerdo. Pero el grueso ya está en el ordenamiento legal: no se pueden conceder subrogados penales ni prisión domiciliaria y hay que terminar los contratos a los corruptos, por ejemplo, y la rendición de cuentas es una obligación legal, así como la de presentar declaración de renta. Así, ¿qué de lo que se aprobará en la Consulta sería “obligatorio” que no lo sea ya? A buscarlo con lupa. ¿Entonces, tiene sentido la Consulta? Los promotores podrían decir que sí, como una declaración política contra la corrupción. Pero ese no es el propósito de las consultas y el costo es excesivo. La Consulta vale entre 300 y 350 mil millones de pesos, según el Registrador. Si en el grueso de lo que se propone estamos todos de acuerdo y ya está en el ordenamiento jurídico y lo que no está no puede ser aprobado en una consulta y no está claro que sea lo más conveniente, ¿no era mejor, y de paso más ético, gastarse ese dineral en salud, educación, seguridad?

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Autor: Rafael Nieto Loaiza
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