Lunes 13 de Agosto de 2018 - 12:01 AM

Sin propina

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Columnista: Sergio Arenas

sergio.arenas@arenasochoa.com

El intervencionismo del Estado colombiano en la vida empresarial parece no tener límites.

Por un lado, los fallos proteccionistas que han emitido las altas cortes frente a las garantías laborales que en su mayoría han estado por encima de las de las empresas. Por otro, los suprapoderes otorgados a los ministerios y superintendencias que adelantan investigaciones por presuntas irregularidades de los empresarios y terminan imponiendo sanciones desproporcionadas y hasta extorsivas. Y, ahora se le suma, la Ley 1935 de 2018.

Esta reciente norma, expedida el 3 de agosto de 2018, regula lo referente al tratamiento de las propinas en los establecimientos de comercio, dedicados a la prestación de servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos públicos.

La propina no podrá superar el 10% del valor de la cuenta, debe ser acordada previamente con el cliente, debe ser reconocida en un periodo no mayor a 30 días, su destinación solo se podrá hacer a las personas que hicieron parte de la cadena de servicio y no se podrá destinar para reponer elementos o instrumentos de trabajo.

Según la misma ley, las propinas no constituyen factor prestacional. Último concepto que durará lo que dure la Corte en interpretar la norma y determinar, en un futuro no muy lejano, que las propinas sí hacen parte del factor, porque terminan siendo habituales y son producto del esfuerzo del trabajador en la prestación del servicio. ¡Esta seguridad jurídica nos va a matar!

Es el empresario el que pone en riesgo su patrimonio, cuando decide abrir un negocio, quien espera obtener utilidades al menos el 10%, quien debe cargar con todas las imposiciones del Estado para garantizar los derechos laborales, quien debe cumplir a toda costa con la carga fiscal y quien diseña y ejecuta la prestación del servicio, que a la final solo se le reconoce al trabajador.

Las bonificaciones para los trabajadores que lo han hecho bien ya existen en la ley laboral.

El pago de un servicio, que en muchos casos constituye un salario adicional, queda por fuera de la lupa fiscal, de la UGPP y desconoce el esfuerzo del emprendedor.

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Autor: Sergio Arenas
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