Sábado 07 de Julio de 2018 - 12:01 AM

La protección de la inversión extranjera en la globalización

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En el seno de los tratados de libre comercio y de la economía globalizada, la protección de la inversión extranjera es destacado ícono. Ella es amparada aun por encima de la soberanía de los Estados Naciones, supera el marco de las instituciones jurídicas de estos, la autoridad de sus leyes y la majestad de su justicia.

En negocios celebrados con inversionistas extranjeros en el marco de un Tratado de Libre Comercio, TLC, si hay controversias en relación con lo pactado en un contrato, no son los jueces del país quienes deciden sobre tal conflicto de intereses, sino que los pleitos se ventilan en Tribunales de Arbitramento en el extranjero, regidos por reglamentos de Centros Arbitrales supranacionales, que funcionan en Washington, en La Haya, en París, en Londres, cuyas sentencias o laudos son de obligatorio cumplimiento para el país suscriptor del TLC. En dichos procesos los jueces o árbitros son extranjeros y nuestras leyes y Constitución Política nada tienen que hacer.

Tales Tribunales de Arbitramento son de única instancia, de trámite corto y sus fallos se profieren, por lo regular, en un lapso de cerca de 24 meses.

Las consecuencias de esos procesos pueden ser desastrosas para la economía de un Estado Nación, pues prima no los intereses de la comunidad nacional sino la letra de los contratos celebrados con los inversionistas extranjeros y, en muchos casos, hay un choque entre lo que ordena la ley nacional y lo que se pacta, por ejemplo, con una multinacional del sector minero energético en un contrato para explotar un determinado mineral.

Surgido el conflicto, conforme a lo pactado en los contratos firmados, las empresas multinacionales recurren a los Centros Internacionales de Arbitraje, se convoca el respectivo Tribunal de Arbitramento y allí defienden sus derechos.

El sentido de las sentencias proferidas, con frecuencia no rima con los intereses de los Estados Naciones.

En ese gigantesco problema está Colombia.

Hay más de una decena de Tribunales de Arbitramento internacionales en trámite, adelantados por inversionistas extranjeros, y las sumas de dineros que pretenden les reconozca el país ascienden a cinco mil millones de dólares de los Estados Unidos, es decir, a 14,7 billones de pesos.

Pronto se conocerán los fallos o laudos y pueden ellos ser fatales para los intereses colombianos.

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Publicada por: REDACCIÓN EDITORIAL
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