Sábado 28 de Julio de 2018 - 12:01 AM

Los procesos contra el Estado: inmenso problema

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Con regularidad la prensa divulga noticias sobre procesos adelantados contra el Estado ante la Justicia colombiana, ante centros internacionales de arbitraje o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante jueces nacionales se debate la responsabilidad del Estado como consecuencia de actos u omisiones de funcionarios públicos de diversa índole, por la poca inteligencia, falta de diligencia, desidia o el atropellamiento a derechos de ciudadanos, o bien, por contratos cuyo proceso de licitación y adjudicación ha sido torpe o tramposa. Ante los centros de arbitraje internacionales se ventilan procesos adelantados por multinacionales que han celebrado contratos de concesión, o de otra naturaleza, para explotar y/o comercializar recursos energéticos y del sector minero, como por ejemplo, el proceso de Gas Natural Fenosa por Electricaribe, o las compañías mineras que celebraron contratos de extracción de minerales que han tenido tropiezos en su desarrollo. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevan hechos ocurridos en el seno del conflicto armado interno que desgraciadamente hemos vivido.

Los procesos más delicados, cuantiosos, que generan mayor preocupación son los adelantados ante centros internacionales de arbitraje con sede en Nueva York, París, Londres, etc., por multinacionales que han celebrado contratos de concesión, o de otra naturaleza, para explotar y/o comercializar recursos del sector minero energético. Tales contratos tienen bastante letra menuda, las normas jurídicas aplicables, la jurisprudencia y los precedentes judiciales que se aceptan son muy distintos a los colombianos, los criterios, la visión de las cosas y el horizonte de los árbitros son muy diferentes a los nuestros.

Defender los intereses del Estado en esos escenarios es complejo y el sentido de los fallos o laudos puede ser bastante lesivo para el erario y los intereses del país. Los asuntos allá no se resuelven con respaldos emocionales de personas, gremios, etc., sino con base en los textos de los contratos celebrados, la inteligencia y transparencia con que se manejó su redacción, la diligencia y celo con que Colombia haya cumplido aquello a que se obligó, con las pruebas judiciales que se alleguen al proceso.

El mundo de los litigios judiciales en el marco de tribunales de arbitramento internacionales puede dejar amargas experiencias al país, pues en ellos las cosas tienen una mirada, un continente y un contenido muy distintos a los nuestros.

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Publicada por: REDACCIÓN EDITORIAL
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