Miércoles 08 de Agosto de 2018 - 06:55 AM

¿Y dónde están las responsabilidades por La Batanera?

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Se conoció la semana anterior un informe de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, que establece las razones técnicas por las cuales colapsó la represa conocida como La Batanera, que pretendía surtir de agua a 20 mil habitantes de la Provincia de Vélez.

Cómo se recordará, el 7 de junio de 2016, cuando se inició el llenado de la represa, la infraestructura colapsó y 150 familias fueron afectadas por inundación.De acuerdo con este informe, la represa colapsó por cambios en el diseño original, que afectaron la recolección del tubo principal.

Desde 2013, dice el informe, cuando se aprobó la ampliación en plazo y valor de la obra por tres meses, se desarrollaron una serie de actividades que llevaron a que el ducto trabajara con mayor presión, lo que llevó a que explotara y ocasionara el desplome de la represa. Además, se estableció que se habrían utilizado materiales distintos a los establecidos en el diseño original. 

En la construcción de esta represa se invirtieron $9.394 millones y fue ejecutada por el consorcio Vasca y la interventoría estuvo a cargo de Civing Ingenieros Contratistas. En la investigación de las causas de este vergonzoso hecho participaron expertos de la Esant, la Universidad Industrial de Santander, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Gobernación departamental.

Estos expertos aseguran que no es viable reparar la represa en el mismo lugar en el que está ubicada, porque la represa fue construida en un terreno inestable por coluviones.Esta represa es una de los tantos elefantes blancos que se levantan en Santander, junto a una inmensa lista de hospitales, centros deportivos, centros de salud y un largo etc.

Es hora de terminar con esta eterna lista de obras que significan el detrimento de todos los santandereanos. La falta de planeación, la ausencia de diseños adecuados y la utilización de materiales de baja calidad no puede seguir siendo la constante de muchas de las obras públicas que se hacen en la región. Y sobre todo, no puede seguir sucediendo sin que se establezcan responsabilidades ejemplares a quienes se han encargado de desangrar los recursos de los santandereanos.

Corresponde ahora a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía determinar las responsabilidades a que haya lugar por parte del contratista, el interventor y los funcionarios. Pero esperamos que se establezcan las mayores sanciones, para que quienes hicieron que estos nueve mil millones se fueran a la basura. 

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Publicada por: EDITORIAL
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