Domingo 08 de Julio de 2018 - 12:01 AM

Sometimiento de militares a la JEP sigue suscitando polémica

Para los expertos políticos la Corte Constitucional aún tiene tela por cortar sobre sometimiento de militares a la JEP.

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Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL
Algunos congresistas han anunciado que demandarán ante la Corte las modificaciones hechas por el Centro Democrático a la regulación de la JEP por considerar que son inconstitucionales.
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Aunque la Corte Constitucional avaló el Decreto en el que se estipula el tratamiento especial de militares y policías en la Justicia Especial de Paz, JEP, hay quienes se preguntan si dicha norma riñe con la Sala Especial para integrantes de la Fuerza Pública, una de las modificaciones que el uribismo logró introducir en la Ley de Procedimiento de este Tribunal de Justicia Transicional, aprobada la semana pasada por el Congreso de la República.

El decreto que respaldó la Corte manifiesta que a los uniformados se les dará un tratamiento igual al de los desmovilizados de las Farc, equitativo tanto en juzgamiento como en el goce de beneficios, algo que, por ejemplo, hoy tiene en libertad a cerca de 1.000 militares que llevaban más de cinco años pagando condenas hasta que se sometieron al tribunal especial.

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Sin embargo, sectores como el uribismo, siempre han rechazado que los uniformados sean juzgados en las mismas condiciones que los exguerrilleros. Dicha postura se había mantenido como un reclamo hasta que Iván Duque ganó las elecciones presidenciales a nombre de la coalición que lideró el Centro Democrático, lo que generó una reconfiguración de fuerzas en el Congreso de la República con la que lograron imponer dos cambios sustanciales a la JEP por medio de la Ley de Procedimiento.

Cruce de versiones

Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que Ley de Procedimiento promueva una sala diferenciada para juzgar a los militares no modifica los acuerdos de paz siempre y cuando haga parte del tribunal de la JEP. “El problema no es con quién se aplica sino qué es lo que se aplica, es una sala especial pero que tiene que aplicar lo que diga el Decreto 706, el contenido sigue siendo el mismo porque no varían los principios”, opina el exmagistrado.

Otra opinión tiene el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien considera que el alto tribunal al validar el Decreto 706 reafirma las bases que sentó el acto legislativo 01 de 2017 (acuerdos de paz), donde se estipuló que los militares y los policías pueden someterse a la JEP, bases que cambiaron con la adición de una sala exclusiva para integrantes de la Fuerza Pública.

“Lo que aprobó el Senado no podía estar contenido en una Ley de la República, menos aún en una ley de procedimiento, esa norma que se incluyó tendría que ser objeto de una reforma constitucional, se debería haber aprobado como un acto legislativo”, afirma el exmagistrado.

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Hernández también expresa reparos sobre la forma como fue aprobada dicha modificación. En su concepto, “esa nueva sala debió ser discutida en las comisiones primeras de Senado y Cámara, así como en la plenaria de la Cámara, hecho que no puede ser sustituido por la conciliación, conciliación que tampoco fue discutida un día después de su aprobación, como lo dice la ley”.

Así las cosas, lo único claro que es que los militares procesados por crímenes cometidos durante el conflicto podrán ser juzgados en el tribunal de la JEP, lo que está por definirse es si serán procesados en la misma sala a la que tendrán que acudir los desmovilizados de Farc.

No estaba previsto en los acuerdos

Para Kennet Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, en el acto legislativo 01 de 2017 no estaba prevista la creación de una sala especial de militares y policías, sino que se creara un tribunal que les brindara los mismos beneficios y garantías que a los exguerrilleros. 

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“La ley de procedimiento es una norma que se creó para desarrollar los juicios que se van a hacer en el tribunal de la JEP. Esta ley es de rango inferior, una ley ordinaria como lo es el Código Civil o el Código Laboral, por lo que no pueden modificar normas constitucionales, como los actos legislativos, es decir, en la medida que se salga del marco previsto en la Constitución resulta ser contraria”, considera Burbano.

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Publicada por: COLPRENSA, BOGOTÁ
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