Jueves 26 de Abril de 2018 - 12:01 AM

Comunidad denuncia incremento de tráfico sexual en San Gil

El pasado martes 24 de abril, la Alcaldía de San Gil convocó a una reunión que buscaba erradicar la explotación de menores en el municipio, pero ni el ICBF hizo presencia.

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Foto de Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
El pasado 10 de noviembre de 2017, una menor de edad fue rescatada por la Policía de San Gil en una vivienda dedicada al lenocinio, en la carrera 11 entre calles 17 y 18.
(Foto: Foto de Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Con un derecho de petición dirigido a la Alcaldía, Concejo Municipal, dirección de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y presidencia de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, sangileños, comerciantes, industriales, instituciones gubernamentales y privadas, centros educativos, y turistas pro San Gil, de quienes conservaremos su identidad por solicitud de los mismos, les solicitan a estas entidades respuestas y más controles, ante el descontrolado aumento de tráfico sexual que se ha venido presentando en la capital turística de Santander.

Dicho documento fue enviado el pasado 16 de abril y en él, los gremios se ampararon en la Constitución Política de Colombia, mencionando: “El artículo 315 señala que es atribución del alcalde, conservar el orden público en el municipio. Así como en el artículo 313, se hace visible que los concejales son elegidos por el pueblo, para defender los derechos de los vecinos, con el propósito de mejorar su calidad de vida”, denunciando locales o viviendas que son solicitadas en arriendo para supuestos negocios comerciales y terminan sirviendo como casas de lenocinio.

En el derecho de petición se dan a conocer algunas direcciones, que luego de unas aparentes investigaciones hechas por los ciudadanos que denuncian estos hechos, al parecer son usadas para ejercer la prostitución; nombrando y ubicando aproximadamente 12 en todo el municipio. Afirman que no anexan ningún documento testimonial, ya que esta es una evidente realidad, principalmente los días sábados, domingos y días festivos.

“En algunas calles se evidencia la prostitución y venta de drogas sin ningún pudor, restricción y lo más grave, sin las más mínimas normas sanitarias y de salubridad, donde al pasar a cualquier hora, las mujeres ofrecen sus servicios sexuales. Por eso preguntamos: ¿Qué sucede con la administración de vigilancia y control sobre este tipo de actividades? ¿Por qué la aplicación de la ley en San Gil se ejerce de manera selectiva o parcializada? ¿La Cámara de Comercio en San Gil no se habrá dado cuenta de los permisos que emiten para estos negocios, que violan las normas legales y el POT sangileño?”, son algunos de los argumentos de los peticionarios.

Agregan que después de su propia investigación, hallaron aproximadamente 12 páginas en Internet, que ofrecen servicios sexuales en San Gil, donde venden el servicio de ‘Escort’ o damas de compañía, así como catálogos de menores de edad.

Esta redacción habló con el alcalde municipal, Ariel Fernando Rojas, quien dio a conocer: “San Gil en el 2017 tenía 37 mil habitantes, hoy posee 70 mil, y al ser el doble, tenemos el doble de problemas. Por eso con la nueva estación de Policía, vamos a reforzar el pie de fuerza; y con Policía de Turismo, y de Infancia y Adolescencia, estamos trabajando en ello, así como algunas páginas sexuales se han intervenido” agradeciendo a la comunidad por esta investigación, donde dan a conocer algunos establecimientos en los que se cometen estos delitos”.

Comunidad exige que se cumplan sus derechos

Por estas razones, en el documento se solicita, que como derecho de petición: “le exigimos a usted señor alcalde, hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, en la protección de nuestros derechos fundamentales, en cuanto al debido funcionamiento de los establecimientos comerciales, protección en salud, emisión de ruidos, ordenamiento del Uso del Suelo, Código Nacional de Policía, entre otros. Así como responder cada una de las preguntas anteriormente expuestas; concertar y liderar con el apoyo de las entidades públicas y privadas, para que conozcan el mercado sexual, de drogadicción y microtráfico, así como las redes sociales en las que se ofrecen estos servicios; y apoyar delicadamente la extinción de dominio, sobre la ubicación de los negocios que se dan a conocer en el documento”.

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Publicada por: ANA ROJAS
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