Cerca de la 1:45 p.m. del 22 de marzo de 2022 un autobús escolar, que movilizaba 22 niños y un adulto, rodó cerca de 200 metros en el Alto de San Pedro, frente a la Laguna de Ortices en el municipio de San Andrés, Santander.
En el hecho cuatro niños y dos niñas, todos estudiantes del Instituto Técnico Laguna de Ortices, perdieron la vida. El resto de ocupantes resultaron heridos, algunos de gravedad.
Vanguardia investigó qué ha pasado con el proceso judicial, y las decisiones que se tomaron para evitar que el número de fallecidos fuera mayor.
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No hay condenas
Esta redacción consultó a un abogado, quien representa a la familia de una de las víctimas, para conocer en qué va la investigación judicial.
El profesional explicó que, entre los hechos probados, se ha podido determinar que “el 18 de marzo de 2022, tan sólo cuatro días antes del accidente, el alcalde de San Andrés, Rosemberg Rojas Moreno, suscribió con el representante legal de la empresa Transporte Especializado de Los Andes La Tea S.A, Benito Luna Gutiérrez, el contrato para la prestación del transporte escolar a los estudiantes de los estudiantes de los colegios del municipio. El 19 de marzo se suscribió el acta de inicio”.
El abogado agregó que el bus, de placas SRY 939, marca Chevrolet y modelo 1998, en el que viajaban los niños, “no contaba con el debido aseguramiento para la cobertura de la responsabilidad civil”.
Por otra parte, Jaime Osorio Castellanos, conductor del bus siniestrado fue imputado por el presunto delito de homicidio culposo. El proceso judicial sigue hasta que se tome una decisión en primera instancia. La investigación busca determinar qué generó el siniestro.
El pasado 14 de febrero, el alcalde de San Andrés, Rosemberg Rojas, fue citado a una audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica. Sin embargo, la diligencia fue aplazada.
Se investigan presuntas irregularidades en la firma del contrato de transporte escolar suscrito por el Alcalde de San Andrés.
Además, los padres de los niños interpusieron una demanda al Estado por daños y perjuicios.
Tras la muerte de los seis niños se suspendió el servicio de transporte escolar en el municipio de manera indefinida.
Vanguardia intentó localizar al alcalde de San Andrés pero no fue posible la comunicación.
“Queremos que se haga justicia”
Leidi Yulied Jaimes, madre de una de las pequeñas fallecidas, afirmó que “a los padres de los niños no nos han llamado a informarnos cómo va el proceso judicial. Los seguros nos hicieron hacer y firmar unos papeles y no tenemos respuesta alguna. Además, no entendemos por qué la investigación no avanza y las audiencias se aplazan”.
Jaimes Mariño dijo que “desde ese día mi vida dio un giro inesperado. Soy madre de otra niña y por ella sigo luchando pero las fuerzas ya no son las mismas desde que perdí a mi niña”.
La mujer indicó que aunque han recibido ayuda psicológica por la pérdida de su hija y hermana, “lloramos mucho. Las tres éramos inseparables, e incluso mi hija me dice que no quiere tener más hermanos porque no quiere pasar por una tragedia nuevamente”.
La madre de la menor de edad aseguró que “lo que pedimos es que se aclaren los hechos. Necesitamos respuestas claras y que este hecho no quede impune. Tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó ese día, y que responda quien tenga que responder”.
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La batalla por la vida
Tras el suceso, varias decisiones fueron clave para prestar atención a los 16 menores que quedaron heridos.
Al lugar fueron enviados 12 ambulancias, siete médicos, dos enfermeros y 14 auxiliares de enfermería que atendieron a los estudiantes y el conductor.
“Un total de 17 niños fueron trasladados al Hospital San José de San Andrés, pero uno de ellos lamentablemente falleció mientras recibía atención médica. Posteriormente, de los 16 menores que quedaron vivos, 14 fueron remitidos hacia el Hospital Regional García Rovira de Málaga y dos salieron desde San Andrés hacia el Hospital Internacional de Colombia de Piedecuesta con fracturas nasales que no podían ser atendidas en la provincia. También, el conductor fue trasladado en la ambulancia de Molagavita hacia la capital de García Rovira”, explicó en su momento el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar.
Luego se instaló un Puesto de Mando Unificado y se solicitó un avión medicalizado para trasladar de Málaga a Bucaramanga a una niña que resultó con un trauma craneoencefálico severo. El 23 de marzo se logró el traslado al Hospital Internacional de Colombia.
Días después del accidente las 16 personas fueron dadas de alta tras cirugías y algunas que permanecieron en Unidades de Cuidado Intensivo en Málaga y Bucaramanga.