martes, 05 julio 2022
lunes 23 de mayo de 2022 - 12:00 AM

“Amenaza alta” en 20 comunidades de Bucaramanga

En el sur de Bucaramanga más de 200 familias han resultado afectadas en 2022 debido a deslizamientos de tierra y colapsos en taludes. Desde 2018 comunidades en riesgo piden el amparo de la justicia para la protección de 20 vecindarios localizados en zona de “amenaza alta”.

Aquí son muy frecuentes los derrumbes. En el barrio hay seis puntos en donde siempre se pone grave la situación cuando llueve. Al lado de la cancha siempre hay deslizamientos con afectaciones. Las 40 familias que reubicaron en carpas ya se fueron del barrio y están pagando arriendo en otros sectores. El desastre a comienzos de año se llevó dos casas y todo lo que tenían ambas familias”.

Este relato es de Alirio Ramírez, el presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Luz de Salvación II, vecindario en donde a mediados de febrero pasado se registró una emergencia que afectó a cerca de 200 familias. La situación fue de tal gravedad que se decretó calamidad pública. Por fortuna no hubo pérdidas humanas.

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Luz de Salvación II es una de las 20 comunidades que reclaman obras de mitigación en el sur de Bucaramanga, con el fin de reducir el grado de riesgo y la probabilidad de desastres como deslizamientos.

$!“Amenaza alta” en 20 comunidades de Bucaramanga

Ante la falta de intervenciones por parte de las autoridades y las repetidas emergencias, en 2018 la ciudadanía acudió a la justicia y se interpuso una acción popular, contra entidades como Alcaldía de Bucaramanga; Gobernación de Santander; y Corporación Para la Defensa de la Meseta, CDMB.

Este caso ya está ‘en manos’ del Consejo de Estado, tribunal que tiene la responsabilidad de tomar una decisión en segunda instancia. En primera instancia la justicia le dio la razón a la comunidad y solicitó el amparo de sus derechos.

Estos 20 vecindarios en alto riesgo se ubican en las comunas 10 y 11 de la capital santandereana, en donde hace tres semanas una nueva emergencia impactó a los bumangueses. En video quedó captado el momento en el cual colapsa un árbol, a raíz de un grave deslizamiento generado tras el colapso de un muro de contención en el sector de Punta Paraíso.

En dicha emergencia dos familias resultaron damnificadas. Tuvieron que evacuar con urgencia sus viviendas, debido a enormes grietas en pisos y paredes.

“Lo que más genera preocupación son las miles de vidas que están amenazadas. Duré 10 años viviendo en estos vecindarios y el riesgo es inminente; más aún en estos días de lluvia. Puede ocurrir una catástrofe de gran magnitud. Y las entidades del Estado no hacen nada, no ejercen el control ni tampoco las obras de mitigación que se requieren”, denunció Axelinta Gaitán Villalba, líder social y quien interpuso dicha acción popular.

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“Sufren de una amenaza alta”

La primera ‘batalla legal’ la ganó la comunidad en 2020, cuando el Tribunal Administrativo de Santander resolvió en primera instancia declarar “la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; el acceso a infraestructura que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente (...)”.

Con base en estudios sobre amenaza y riesgo, contratados por entidades como la misma Alcaldía de Bucaramanga, la justicia evidenció y reconoció que en efecto existe alta probabilidad de situaciones como deslizamientos.

“Se observa del estudio técnico citado que los barrios sufren de una amenaza alta, desde el punto de vista estructural al estar desarrollándose ‘urbanísticamente’ de manera acelerada y sin ningún tipo de control, predominando en materia estructural el sistema de mampostería confinada y no confinada, sin embargo, este refiere una serie de medidas para la mitigación del riesgo generado por fenómenos de remoción en masa e inundación”, advirtió dicho Tribunal en primera instancia.

Aunque tales estudios se remontan a 2014, hasta la fecha las autoridades no han intervenido, tal y como lo señaló la justicia: “se puede evidenciar que las entidades accionadas no han actuado dentro de los procedimientos legales que conlleven a la mitigación de la amenaza y vulneración”.

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Preocupantes indicadores

En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander advirtió que “la categorización de la amenaza actual por fenómenos de remoción en masa es del 82,63 %, lo cual corresponde al grado de amenaza alta (...) Al realizarse las obras de estabilización referidas, el riesgo de amenaza correspondería al 36,96%”.

De acuerdo con los cálculos realizados en este estudio de amenaza y riesgo que tuvo en cuenta el Tribunal, se requieren alrededor de $80.000 millones para llevar a cabo las obras de mitigación planteadas, desde 2014.

En su defensa, la Alcaldía de Bucaramanga asegura que ha efectuado diversas intervenciones y trabajos en sectores como “Cristal Alto y Bajo, Punta Paraíso, Granjas de Provenza y Viveros de Provenza al instalar pantallas ancladas, muros en gaviones, canalización y red de alcantarillado, entre otros”.

Es importante indicar que otro organismo competente que está vinculado en este proceso judicial es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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‘En manos’ del Consejo de Estado

De acuerdo con la acción popular que se interpuso, las comunidades en riesgo y que esperan obras de mitigación son:

Luz de Salvación 1 y 2, Brisas de Provenza, Santa María, Balcones del Sur, Brisas del Palmar, Granjas Reagan, Punta Paraíso, Villas del Nogal, Brisas del Paraíso, Villa Flor, Viveros de Provenza, Villa Real, Cristal Alto, Cristal Bajo, Granjas de Provenza, Candado, Condado de Gibraltar, Granjas de Julio Rincón y Robles.

Luego del fallo de primera instancia en favor de la comunidad, entre 2020 y 2021 la justicia atendió múltiples recursos de apelación que presentaron las entidades accionadas.

“Mientras las comunidades viven bajo amenaza permanente y esperan las obras, entre las autoridades se están ‘tirando la pelotica’ y ninguna quiere reconocer su responsabilidad. El caso lo vienen dilatando, ya pasaron cuatro años, pero los desastres y las emergencias no dan tiempo de espera”, manifestó Axelinta Gaitán Villalba, autora de esta acción popular.

El pasado 28 de abril la justicia dio a conocer que este caso llegó al Consejo de Estado, para revisión por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Según lo informado, el Consejero ponente es Oswaldo Giraldo López.

Dato: $80.000 millones es el costo aproximado que se proyectó para las obras de mitigación que se requieren en estos 20 vecindarios.

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José Luis Pineda Arenas

Periodista egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del equipo de Área Metro en la versión impresa de Vanguardia desde 2016, y apoyo en la elaboración de contenidos digitales y transmisiones en directo.

@JosLuisPineda18

jpineda@vanguardia.com

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