Comprometidos con la verdad
Existe confusión e incertidumbre en muchos dueños de vehículos en el área metropolitana de Bucaramanga, frente al nuevo seguro que ahora debe cubrir y garantizar la revisión técnico mecánica, sin cargos ni valores adicionales para el propietario del automotor o usuario.
Mientras los conductores reclaman este beneficio adicional que recientemente estableció el Gobierno Nacional a través de una nueva ley, los representantes de los Centros de Diagnóstico Automotor, CDA, manifiestan que es “imposible” cumplir con tal disposición. Además señalan presunta “violación de derechos”.
Actualmente ningún CDA de la capital santandereana cumple dicha normativa, una problemática que también se registra en el resto del país. Se trata de una situación generalizada, y líderes del gremio anunciaron que se estudian acciones legales con el fin de que “se declare la inconstitucionalidad de la norma”.
Desde el pasado 5 de enero entró en vigencia la Ley 2283 de 2023, mediante la cual las autoridades ordenaron a los centros de diagnóstico disponer un seguro obligatorio para automotores particulares, contra daños materiales a terceros.
Una de las determinaciones que causó mayor polémica se debe a que, el valor de dicho seguro debe ser asumido por los CDA. Es decir, tales centros no pueden generar cobros adicionales para los usuarios de la revisión técnico mecánica.
¿Qué dice la norma?
Mediante el artículo 6 de la Ley 2283 de 2023, se adicionó otro parágrafo al artículo 53 del Código Nacional de Tránsito.
Con este nuevo parágrafo se dispuso que “los Centros de Diagnóstico deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto paro el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos (emisión de gases y revisión)”.
Para el caso de los automóviles, esta póliza debe tener un valor asegurado, como mínimo, de $17.400.000. Para las motocicletas el valor en mención debe ser, al menos, de $8.120.000.
“En el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) se registrará la información sobre los seguros obligatorios vigentes y los siniestros. Los CDA tienen la obligación de garantizar que en cada uno de sus establecimientos se ofrezcan los seguros obligatorios previstos”, precisa la ley 2283 de 2023.
Para los conductores y dueños de vehículos se trata de una “gran norma”, ya que a través de la misma se espera que exista el cubrimiento de los choques simples o aquellos que no implican mayor gravedad, ni lesionados.
“Ya transcurrieron casi quince días desde la expedición de la nueva normativa y hasta la fecha no está disponible el seguro. Los CDA no están cumpliendo esta ley y el gobierno sigue callado. Quién ejerce control. Se necesita claridad y controles”, manifestó Alirio Cote, propietario de moto.
“Es una ley ambigua”
Administradores y trabajadores de los Centros de Diagnóstico Automotor en Bucaramanga indicaron a Vanguardia que diariamente atienden decenas de llamadas y consultas presenciales por parte de conductores que preguntan por este seguro.
“Aún no podemos cumplir esta ley, así se lo estamos explicando a los usuarios. En principio, las aseguradoras no se han pronunciado sobre los costos que tendría este seguro. Es decir, ni siquiera contamos con una entidad que nos pueda brindar este servicio, ya que nuestra actividad económica se limita a la revisión de vehículos”, explicó la administradora de uno de los CDA más grandes de la ‘Ciudad Bonita’.
En otro de estos centros, sus directivas indicaron a Vanguardia que “es una ley muy ambigua. No ha sido reglamentada con claridad, ni en profundidad; tampoco precisa cuáles son los parámetros para su aplicación. Faltan muchas especificaciones. Por ejemplo, qué tipo de daños materiales son los que se cubrirían con este seguro”.
En Bucaramanga, la revisión técnico mecánica para motos se ofrece en el mercado desde los $170.000 y para automóviles desde los $240.000, aproximadamente.
“Este valor no se queda todo para el CDA. Por ejemplo, en la revisión de motos solamente el pin (contraseña) vale cerca de $70.000. Una parte se debe enviar al Runt, otro porcentaje al Ministerio de Transporte, tenemos que pagar IVA, Autorrenta. Es imposible ahora asumir un seguro que puede costar hasta $50.000”, dijo otra trabajadora.
Advierten demandas
Empresarios y líderes del gremio afirman que esta nueva disposición los “tomó por sorpresa”, y además señalan que ellos no pueden responder por las conductas de los propietarios de automotores en las vías.
“No pueden ponernos a nosotros, como privados, a responder por los comportamientos de conductores, como aquellos que se embriagan y resultan estrellados. Así queramos ser lo más generosos, las tarifas actuales no dan para comprar este seguro, tendríamos que poner el dinero de nuestro bolsillo. No es constitucional que tengamos que responder por los actos de terceros. Es una ley absurda y de total imposibilidad para su cumplimiento, es inaplicable”, manifestó Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, Asocda.
Este líder gremial agregó que la imposición de la nueva ley podría conllevar al “colapso” y a la “quiebra” los negocios que giran entorno del diagnóstico automotriz.
Junto con Asocda, Fenalco y la Asociación Nacional de Centros de Apoyo al Tránsito elaboraron un comunicado en conjunto para exponer el inconformismo y rechazo frente a la nueva normativa.
“Existe una violación a derechos constitucionales y un conflicto de intereses entre el sector privado, los intereses generales y colectivos, resaltando que durante los debates del Proyecto de Ley en Cámara no se discutió el Artículo 6°... este artículo se incluyó por la senadora Ana María Castañeda para su aprobación en plenaria de Senado y adicionalmente no se invitó a los CDA”, señala el documento difundido a medios de comunicación.
Los tres gremios informaron que ya se iniciaron estudios para evaluar las acciones jurídicas que se interpondrían contra la Ley 2283 de 2023.
“Estamos solicitando reunión con el Ministro de Transporte, para que comprenda que en la estructura de costos de la canasta tarifaria no está incluido el valor de este seguro, y que nosotros no podemos asumirlo”, agregó Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de Asocda.
