El Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, habló con Vanguardia sobre las demoras para darle apertura a la nueva infraestructura carcelaria, pese a que el presidente Iván Duque ya la entregó; asimismo de los informes realizados por la Contraloría General de la República.
El pasado 4 de febrero, el presidente de la República, Iván Duque, llegó a Santander para entregar las obras del Centro Penitenciario de Mediana y Máxima Seguridad de Palogordo, en Girón, las cuales tuvieron un costo superior a $95 mil millones. No obstante, la infraestructura se mantiene aún sin cumplir con su objetivo que es habilitarse para mitigar el hacinamiento.
Claro está que las demoras en el funcionamiento no es el único inconveniente que se ha tenido con este proyecto; de hecho, fue considerado ‘elefante blanco’, porque los trabajos habían arrancado desde 2025 y no tenían perspectiva de finalización.
Yerzon Zambrano, del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, explicó que el hacinamiento en el área metropolitana supera el 500% y los problemas que tiene la obra son por fallas en las garitas, que impiden reaccionar ante un intento de fuga. Además, no cuenta con alojamiento para el personal del Inpec.
“Hay falencias grandes que impiden que entre en funcionamiento el establecimiento. Desde el 2014, cuando se inició el proceso de contratación de obra, se advirtió de problemas y años después aún no se le ha dado solución. No hay licencia ambiental permanente para el funcionamiento de la Ptar (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) y también problemas de agua”, comentó.
En conversación con Vanguardia, Andrés Díaz Hernández, director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, comentó que esta ampliación de la cárcel de Girón permitirá que sea uno de los establecimientos carcelarios en mejores condiciones del territorio nacional.
“En estos momentos, con el Inpec, se está haciendo recibo de las instalaciones para su puesta en funcionamiento. Pretendemos que se dé en los próximos días. Hemos iniciado adecuaciones menores para mejorar el aspecto relacionado con el alojamiento de guardia”, afirmó.
Según Díaz Hernández, la obra es funcional y cumple con los estándares internacionales de acreditación en infraestructura, así como todas las condiciones para un adecuado funcionamiento y para brindarle garantías a los privados de la libertad.
“Cuenta con todos los espacios de talleres totalmente dotados, las celdas están en perfectas condiciones, el área de sanidad casi que se asemeja a un hospital de primer nivel o un centro de salud de primer nivel (para cumplir con las condiciones mínimas de vida establecidas por las normas Mandela, Cruz Roja y de Derecho Internacional Humanitario), la zona de preparación de comidas está totalmente dotada con equipos de última tecnología para garantizar la preparación de los alimentos”, subrayó el director general de la Uspec.
Por otra parte, agregó, que también están garantizados los talleres de textiles, marroquinería, tejidos, manualidades, confección, carpintería, ebanistería y talla de madera, metalistería, ornamentación y espacios de desarrollo productivo como panadería, los cuales tienen por finalidad ser operados por las personas privadas de la libertad como parte de su ruta de resocialización. Al igual que la instalación de un circuito cerrado de televisión, conformado por más de 300 cámaras, para vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad, en los diferentes espacios habilitados.
“Había unas inquietudes por parte del establecimiento carcelario que la hemos venido trabajando con el Inpec y, como lo hemos venido mencionando, esperamos que en los próximos días el establecimiento entre en funcionamiento. No es cierto que haya fallas estructurales, de lo contrario el establecimiento no podría funcionar”, precisó.
De hecho, “en una visita reciente de la Contraloría, ellos determinaron que el establecimiento es funcional y no hay ninguna observación por parte del ente de control que dijera que existen fallas estructurales”, acotó.
La capacidad de la nueva infraestructura es de 752 nuevos cupos que contribuirán a disminuir el hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario. Cuenta con 24.885 metros cuadrados de área construida.
¿Detrimento patromonial?
La Contraloría General de la República realizó una auditoría a los contratos y obras de los nuevos pabellones de las cárceles de Ipiales y Girón y determinó que podría haber un detrimento patrimonial de más de $180 mil millones.
Con respecto a las obras de Girón, se pudo establecer que el monto inicial del contrato fue de $63.673 millones y el plazo para la construcción del establecimiento era de un año, que empezó a correr el 11 de febrero de 2015. Se presentaron 16 prórrogas y seis suspensiones; además, se incluyeron ítems no previstos y cinco otrosíes para adicionar recursos que terminaron elevando el costo de la obra a $90.199 millones.
Frente a esto, el Director General de la Uspec respondió que “el informe de la Contraloría lo que dice es que, en caso de no ponerse en funcionamiento, existiría un riesgo de detrimento porque se construyeron unas obras que no entraron en funcionamiento; pero, el mismo informe determina, después de una visita técnica, que lo que es necesarios es un proceso de articulación entre la Uspec y el Inpec para que el establecimiento entre a funcionar. Así las cosas, el riesgo de detrimento se daría si no funcionara”.
DATO: A finales de 2020, la Contraloría visitó la cárcel de Girón y emitió 20 observaciones por problemas de forma y fondo.
