Comprometidos con la verdad
La relación sentimental que una de sus compañeras de la asociación campesina sostenía con un paramilitar resultó ser determinante para salvarle la vida a Josefina Marcelina López, una líder comunal que hace más de dos décadas fue desplazada de la región conocida como Sur de Bolívar.
Justo unas cuantas horas antes de que miembros del ‘Bloque Central Bolívar’ de las autodefensas llegaran hasta su casa para asesinarla, una de sus socias de Josefina la alertó sobre el plan que existía para acabar con su vida en una madrugada del 2002.
En la noche previa a la ejecución planeada, Josefina salió de un culto religioso y hacia las 9:00 p.m. fue abordada por su compañera. “Ella me dijo: mamita, yo metí con un paramilitar... me acaba de decir que a las 5:00 a.m. vienen a matarla”, contó la lideresa.
Esa noche Josefina no durmió. Tan pronto llegó a su casa empacó lo que pudo y antes de que dieran las 3:00 a.m. abandonó, junto con sus tres hijas y su esposo, un sector rural conocido como Pozo Azul, en el Sur de Bolívar, en donde vivió durante cerca de 25 años.
Ese mismo año, desde 2002, esta lideresa campesina inició diversos procesos ante el Estado, con el fin de que las autoridades la reconocieran oficialmente como víctima. Y así lo logró. Sin embargo, desde hace más de veinte años espera la restitución de las tierras de la cual la despojaron los paramilitares.
Las víctimas del conflicto concuerdan en señalar que las frecuentes y largas demoras en estos procesos de restitución es uno de los asuntos que se debe atender con prioridad, para mejorar la atención de aquellas personas que vivieron los horrores de la guerra en Colombia.
Se gestiona una reforma a la ‘Ley de Víctimas’
Con el fin de mejorar la atención y los mecanismos de reparación para dicha población, la Unidad para las Víctimas puso en marcha una gestión enfocada en reformar la Ley 1448, más conocida como ‘Ley de Víctimas’.
Los datos más recientes del Gobierno Nacional advierten que en el país están registradas de manera oficial 9’520.277 víctimas. Según tales estadísticas, Santander acoge actualmente a más de 247.000 víctimas del conflicto.
En el marco de la reforma que se busca tramitar en el presente semestre ante el Congreso de la República, la Unidad para las Víctimas puso en marcha un proceso de consulta y participación con las comunidades afectadas.
Bucaramanga fue una de las nueve ciudades seleccionadas para la realización de ‘macroforos’, espacios de discusión ciudadana con la participación de líderes comunales y víctimas del conflicto. El lunes y martes pasados, en la sede principal de la UIS, se reunieron ciudadanos provenientes de Norte de Santander, Arauca y la región del Magdalena Medio.
La ‘Ley de Víctimas’ representó un gran progreso en materia de reconocimiento de derechos, atención especial y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
No obstante, la Unidad para las Víctimas reconoce que “entre rezagos y cambios institucionales no se ha podido cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley”.
En otras palabras, la ley actual “se quedó corta ante la realidad actual”, señalan las autoridades.
En Santander viven más de 220.000 desplazados
En Colombia existen más de 8.400.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado, conforme con los registros oficiales de las autoridades. En Santander, los datos más recientes señalan que viven más de 220.000 ciudadanos desplazados por la violencia.
Miles de ellos esperan que, con la formulación y aprobación de una nueva ley, prontamente se fortalezcan los mecanismos de reparación y se agilicen procesos como la restitución de tierras.
Tras más de dos décadas desde su desplazamiento, Josefina tiene el sueño de retornar al campo y retomar las labores que adelantaba a través de la asociación campesina de la cual formaba parte. Guarda la esperanza de volver a vivir próximamente al sector rural.
“Nos sacaron de nuestra tierra, después de tenerlo todo. Tuvimos que llegar a la ciudad a mendigar. Ahora quiero regresar. El campo es lo mejor y quiero volver”, expresó esta lideresa, quien actualmente tiene 57 años de edad y lidera una organización de mujeres víctimas de desplazamiento.
¿Qué se debe reformar?
Marco Aurelio Nieves Martínez, líder de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, Andescol, consideró “que se deben implementar múltiples cambios. Por ejemplo, en lo que concierne al Sisben, las víctimas deben aparecer en una categoría especial. Muchas víctimas actualmente tienen problemas para acceder a tratamientos de salud y beneficios que brinda el Gobierno Nacional”.
Otro de los inconformismos señalados se relaciona con las herencias o sucesiones. Actualmente existen ciertos parámetros, que terminan excluyendo a la víctima de determinados beneficios o ayudas.
“Si la persona hereda, así sea la baldosa de una casa, ya por este hecho la persona no tiene derecho a recibir una compensación para vivienda”, manifestó Nieves Martínez.
Entre las víctimas también existen críticas relacionadas con los tiempos de reparación.
Según señalaron varios líderes, existen ciudadanos que desde la década del dos mil esperan beneficios, mientras otras personas ya fueron reparadas por eventos que se reportaron hace menos de una década.
La reforma que se gestiona, según lo informado por la Unidad para las Víctimas, buscará avances “en especial lo que tiene que ver con lo
consignado en el Acuerdo de Paz, la superación de bloqueos institucionales y el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)”.
Propuestas como una pensión vitalicia para las víctimas del conflicto armado también fueron planteadas y recopiladas en este ‘macroforo’ que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UIS, el lunes y martes pasados.
