Comprometidos con la verdad
El Tribunal Administrativo de Santander admitió una acción popular a través de la cual se solicita la restitución de las redes de alcantarillado de la capital santandereana, en favor de la Alcaldía de Bucaramanga.
De no ser posible la entrega de dichas redes, los demandantes solicitan que, en su defecto, la justicia ordene un reintegro económico equivalente a dicha infraestructura que en 1975 cedió el Gobierno local a la Cdmb.
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Estas son las dos pretensiones manifestadas en la acción popular que radicaron dos concejales de Bucaramanga, Carlos Parra y Danovis Lozano, además del representante por Santander a la Cámara Cristian Avendaño.
Los tres líderes políticos argumentan que, con la “cesión gratuita” de dichas redes se vulneraron tres derechos colectivos: la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia económica.
Las entidades demandadas son la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas; la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb; y la Alcaldía de Bucaramanga.
En esta acción popular los demandantes señalan que actualmente existe una tenencia “ilegal e inmoral” de tal infraestructura en favor de Empas y Cdmb. Incluso advierten la existencia de un presunto “monopolio”.
Según los motivos expuestos en esta demanda, en 1974 el Concejo de Bucaramanga expidió el Acuerdo N° 020, mediante el cual se cedió la red de alcantarillado de la ciudad a la Cdmb. En 1975 este trámite se llevó a cabo a través de escritura pública.
Uno de los inconvenientes que advierten los demandantes sobre la cesión realizada en aquel entonces es que “para la mencionada fecha, la Cdmb era una persona jurídica de derecho privado”.
La “moralidad administrativa” es uno de los derechos colectivos que se habría transgredido. Se argumenta en la acción popular que el patrimonio de la ‘Ciudad Bonita’ resultó perjudicado, ya que las redes de alcantarillado fueron entregadas a “título gratuito”, para el aparente beneficio de un particular.
“Ocasionó el empobrecimiento del patrimonio de la entidad territorial y un enriquecimiento sin justa causa en favor de la Cdmb. Ello lesionó el principio de legalidad, en la medida que supuso el favorecimiento para un particular, sin que se hubiera visto beneficiado el municipio y menos que se hubiera desarrollado algún principio de la función administrativa”, dijeron los accionantes.
Frente a este tema, expertos cuentan que en aquel entonces (1974) lo que se determinó era que lo más conveniente para controlar los problemas de erosión en la capital santandereana era entregar la infraestructura a la Cdmb, con el fin de que el alcantarillado se manejara de manera técnica y así mitigar el impacto que estaban causando las descargas de aguas lluvias y negras sobre la escarpa occidental.
“La erosión fue activada por el sistema de entrega de los alcantarillados. Entonces se hizo un gran estudio y se determinó la necesidad de hacer nuevas obras y para hacerlo se aprobó un impuesto de erosión. Este impuesto se creó conjuntamente con la Cdmb, que era la entidad encargada del control de la erosión, y el alcantarillado fue parte de las obras requeridas para este control”, indicó Jaime Suárez, experto en geología.
Cabe recordar que en 2001 el Consejo de Estado le ordenó a la Cdmb constituir una empresa de servicios públicos, para que se hiciera cargo del servicio público de alcantarillado en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
La justicia determinó que la Cdmb no tenía competencia para prestar dicho servicio, pues además cumplía el rol de autoridad ambiental. Fue así como en octubre de 2006 nació Empas, entidad que desde entonces se encarga de la operación y del mantenimiento de esta infraestructura.
Las obras e inversiones ejecutadas en las últimas décadas tanto por Cdmb como Empas son otro de los factores que se deben analizar y discutir en este proceso judicial que se inicia.
Entre los argumentos expuestos también se recalca el hecho de que Bucaramanga dejó de recibir recursos a partir de las utilidades generadas con la administración de dicho servicio público. Este es el segundo derecho colectivo que reclaman los demandantes, el “patrimonio público”.
Actualmente, el 60% de los suscriptores de Empas viven en Bucaramanga. De acuerdo con documentos oficiales fechados a corte de diciembre de 2021, en la capital santandereana existen 179.969 ciudadanos suscritos.
“Anualmente Empas genera más de $96.000 millones en utilidades, es una mina de oro. Cerca del 99% de este dinero va a la Cdmb y a Bucaramanga no le llega nada”, aseveró a Vanguardia el concejal Carlos Parra.
El tercer derecho que afirman fue vulnerado es el de “libre competencia económica”. Los promotores de la demanda aseguran que, en el momento de la referida cesión, no fueron convocadas más entidades, organizaciones ni actores económicos que también tuvieran facultades para manejar el alcantarillado.
“El Acuerdo 1974 fue determinante para haberle entregado a la Cdmb, en ese entonces un privado, todas las redes de alcantarillado, creando un monopolio en favor de dicha persona jurídica... esto consolidó una posición privilegiada de un privado, impidiendo que los usuarios de Bucaramanga acudieran a otro operador o empresa para la prestación del servicio público”, señala la acción popular.
Vanguardia trató de entrevistar a Ludy Elena Alemán, gerente de Empas, pero no fue posible. Al respecto, la funcionaria se limitó a responder que la entidad “no” ha recibido notificaciones por parte de la justicia.
Igualmente, buscamos un pronunciamiento por parte de la Cdmb, entidad que no quiso referirse sobre el particular.
