Empresarios exigen a las autoridades un plan de choque para intervenir los denominados terminalitos, que tan solo en la capital santandereana suman 92 y están plenamente identificados.
Una vez más las empresas que representan el gremio del Transporte Público Colectivo, TPC, exponen la difícil situación económica que afrontan por la incontrolable disminución de pasajeros, debido al aumento desmedido del transporte informal en sus diferentes modalidades.
La situación está insostenible, al punto de que cada una ha tenido que empezar a subsidiar la operación a sus propietarios, principalmente en lo que tiene que ver con combustible.
Luis Fernando Sánchez, presidente de Cotrausan, la asociación que integra a las empresas Transcolombia, Cotrander, Unitransa y Transgirón, explicó que “el combustible está saliendo del músculo financiero de las empresas. Hay que tener en cuenta que las empresas no reciben ningún apoyo gubernamental. Todo esto nos ha estado obligando a que semanalmente paren vehículos. El negocio está tan complejo y tan delicado que los conductores han preferido otras actividades y abandonar el trabajo legal”.
En cuentas del presidente de Cotrausan, actualmente, entre las cuatro empresas se tienen cerca de 200 vehículos menos en la flota activa porque no es posible financiar su salida a ruta. Sin embargo, es una cifra que tiene altas probabilidades de seguir incrementando si no se tienen resultados pronto por parte de los compromisos establecidos con las autoridades.
A propósito del tema, el martes pasado se realizó una reunión en la que participaron empresarios del TPC, Personería, Concejo de Bucaramanga, Policía y autoridades administrativas como Área Metropolitana de Bucaramanga y Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde el objetivo era fijar soluciones inmediatas para combatir el fenómeno de la ilegalidad en el transporte, el cual tiene concentrada sus redes de operación por las principales vías y sectores de la ciudad, donde justo están trazadas las rutas autorizadas del TPC y Metrolínea.
Aprovechando que en dicho encuentro se encontraba el brigadier general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Cotrausan denunció casos de agresiones físicas y verbales contra los conductores, por parte de mototaxistas y ‘piratas’.
En las últimas horas, Sánchez, quien también asume como gerente de Cotrander, comunicó que “transportadores y conductores de Cotrander están atemorizados por las agresiones perpetradas por desconocidos. En la mañana del 24 de febrero, en el semáforo que está a la entrada de Zapamanga IV Etapa, se atentó contra uno de nuestros vehículos (con una piedra que rompió uno de los vidrios) poniendo en riesgo a los usuarios. Los hechos ocurren ante el anuncio, por parte de la autoridad, de controlar la informalidad”.
Empresarios del Transporte Público Colectivo afirman que hay cerca de 60 mil motocicletas dedicadas al transporte informal, así como unos 20 mil vehículos.
“Nosotros, los transportadores, somos aproximadamente 700 vehículos, esto quiere decir que nos superan es unidades. Es difícil con el poco pie de fuerza que tienen las secretarías y direcciones de tránsito controlar el fenómeno”, acotaron.
Acuerdos
Vanguardia pudo establecer que en el encuentro el comandante de la Mebuc manifestó su disponibilidad para sacar adelante el convenio de apoyo a las autoridades de tránsito y de esta manera contrarrestar el accionar de los conductores y vehículos dedicados al transporte informal.
“Somos conscientes que será un trabajo difícil, pero que resultará efectivo si contamos con la colaboración de todas las autoridades y la comunidad”, indicó el general Martín.
Al concluir el encuentro, se definió que se atenderá con urgencia la Comuna 12 de Bucaramanga. Exactamente la primera zona de recuperación será la carrera 33, sobre la que transitan 11 rutas del Transporte Público Colectivo y 5 más del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
Por otro lado se hace importante recordar que las autoridades de tránsito de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta tienen tutela y orden de desacato al fallo emitido por el Juez Quince Administrativo de Bucaramanga que los obligó a establecer un plan de acción contra el transporte informal y de recuperación del espacio público.
