Comprometidos con la verdad
De 22 empresas de vigilancia privada que visitó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Bucaramanga, 17 no cumplían los requisitos que exige la normativa nacional. Una cifra preocupante si se tiene en cuenta que estas organizaciones están operando y prestando sus servicios en conjuntos residenciales de la ciudad.
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El superintendente Alfonso Manzur Arrieta aseguró que se van a iniciar las respectivas investigaciones. Además, adelantó que podrían darse sanciones, no solo en contra de las empresas de vigilancia que funcionaban sin tener licencias o estar autorizadas, sino también en contra de los conjuntos residenciales que contrataron estos servicios. En el caso de estos últimos, podrían enfrentarse a multas de hasta 30 salarios mínimos.
“No les pagan completo”
Frente a la creciente informalidad en este sector, los trabajadores también se ven afectados, pues algunos casos conocidos por Vanguardia apuntan a que los vigilantes no reciben los pagos de ley que sí reciben colegas que trabajan para compañías formalizadas ante la Supervigilancia. Esta preocupación fue confirmada por Manzur Arrieta, quien indicó que varias de esas organizaciones ilegales “no les pagan completo a los trabajadores”.
Hallaron arma sin permisos
Asimismo, el superintendente manifestó que en esos días de control se encontró que un conjunto residencial del barrio Sotomayor contaba con un servicio bajo la modalidad de “administración y conserjería, pero encontramos un arma traumática”.
El funcionario aseguró que se trata de un hecho muy grave “porque no tienen licencia para porte de armas, ni para prestar estos servicios”.
“Es una competencia desleal para las empresas que prestamos este servicio de manera formal”, manifestó Fabián Gómez Cano, gerente de una de las 110 compañías legales que operan en Bucaramanga, sobre la proliferación de compañías informales en la capital santandereana.
Contratados bajo otra modalidad
El coronel (r) Gildardo Rayo Rincón, funcionario de la Supervigilancia que lideró las jornadas de inspección en la ciudad, expresó que en los recorridos realizados por conjuntos residenciales se evidenció que había personal contratado bajo la figura de “conserje o servicios generales”, sin embargo, se encontraban uniformados, con los parches y logos respectivos en los que se identificaban como guardas de seguridad.
Al respecto, Vanguardia pudo conocer dos testimonios sobre la situación que viven los trabajadores de empresas informales de este sector.
Pedro* es un guarda de seguridad que labora desde mediados del año pasado en un edificio del centro de Bucaramanga.
Él es una de las personas que denuncia fue contratada como ‘conserje’, para cumplir con labores de mantenimiento en un edificio, pero que en realidad está laborando como vigilante en ese conjunto residencial.
Cuenta Pedro que son varias las irregularidades que en su caso, como el de varios de sus compañeros, han tenido que presenciar en esos empleos.
Por ejemplo, no tienen las condiciones salariales, ni el pago de horas extras, y mucho menos de otras prestaciones de ley, que sí tienen colegas que trabajan en compañías formales.
El coronel (r) Rayo Rincón indicó que en el mercado son varias las empresas informales que operan bajo esa misma modalidad. En la inspección hecha por la Superintendencia en la ciudad fueron tres las compañías identificadas que utilizan esas figuras de contrato para la modalidad de conserje, pero que en la práctica obliga al personal a trabajar como vigilante.
“En el trabajo debo estar en portería, al frente de las cámaras de seguridad, atento al registro de los visitantes y de la seguridad del conjunto. Desde la empresa nos asignan turnos de doce horas para ejercer la vigilancia en los edificios, pero no nos hacen el pago de las horas extras, ni festivos”, dice Pedro sobre su situación laboral actual.
Él señala que sobre el tema opera una ‘ley del silencio’, puesto que los compañeros que han exigido o reclamado por mejores condiciones han sido despedidos.
Patricia*, otra de las personas que ha pasado por situaciones similares, contó a Vanguardia que en su caso trabajaba como aseadora en un edificio residencial del sector de Cabecera.
Ella señaló que desde la empresa que la contrató le informaron que debían hacer un cambio de personal y que ante la falta de su compañero de vigilancia, ella debía cubrir ese puesto de trabajo.
“Uno acepta y trabaja por necesidad, pero se aprovechan mucho. En mi caso, me dieron un uniforme usado de vigilancia y eso me trajo enfermedades. Sin tener formación ni experiencia, me ubicaron en ese lugar. Tenía que cumplir con los horarios”, dice Patricia, quien agrega que, sumado a esas condiciones, había demoras en el pago de su salario.
Habrá tiempo para formalizar
Según el superintendente Manzur Arrieta, a partir de esta visita y en un convenio con el Ministerio de Trabajo, las empresas informales de este sector tendrán dos meses para adelantar los trámites necesarios para formalizar sus compañías y entregar los documentos necesarios ante esa entidad.
El alto funcionario anunció además que a partir de la próxima semana, la Superintendencia establecerá un punto de atención en la ciudad para que las empresas puedan formalizarse.
Los ciudadanos podrán consultar en la página web www.supervigilancia.gov.co para conocer si la empresa de vigilancia que opera en su conjunto cuenta con la licencia de esa entidad.
*Los nombres de estos trabajadores fueron modificados para proteger su identidad.
