Lo que empezó como un trabajo de clase se concretó en una acción popular. Así lo explica Eva Sandryd Picalúa, una de las abogadas que durante cuatro años ha trabajado por mejorar el acceso al servicio de transporte público para personas con movilidad reducida en Bucaramanga.
Desde el 2018 las abogadas Eva Sandryd Picalúa y Angela Sanabria Fajardo iniciaron una investigación sobre el panorama nacional e internacional del transporte público para personas con movilidad reducida.
Tras abordar la investigación y adquirir el conocimiento de la normatividad, las profesionales procedieron a presentar una acción popular contra el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y una empresa de transporte público colectivo de la ciudad.
“Hicimos la demanda porque vimos que Metrolínea tiene infraestructura para esa población y si ellos la tienen, ¿por qué el transporte público urbano de la ciudad no?’, indica Picalúa.
En la demanda, las accionantes manifestaron que la mayoría de buses que hacen parte del transporte público colectivo convencional no cuentan con las condiciones necesarias de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y desconocen las normas técnicas colombianas referentes al diseño universal que garantizan el correcto acceso a esta población.
Por otra parte, se refirieron al AMB en su condición de autoridad de transporte, expresando que a la fecha ha desconocido las normas correspondientes al acceso al transporte público de la población con limitaciones físicas.
“La empresa de transporte (Unitransa) tiene una sola flota adecuada para este tipo de población. Según la Ley Estatutaria 1618 de 2013, deben dar garantías para la población, articular los buses y adoptar planes de accesibilidad teniendo en cuenta el diseño universal”, agregó Picalúa.
Según la abogada, un bus debe contar con agarraderas, piso antideslizante, acceso a silla de ruedas, posibilidades para que esta se desplace por los pasillos, entre otras garantías para favorecer la movilidad de esta población. A esto se refieren cuando hablan de diseño universal.
Con esta acción popular, Sanabria y Picalúa pretenden que la empresa de transporte público Unitransa, y luego otros operadores, adecue, actualice y modernice la flota de buses que actualmente se encuentran al servicio de la comunidad. Además, que las autoridades realicen controles con el fin de garantizar el acceso a la población en condición de movilidad reducida.
El logro
El pasado miércoles 27 de octubre, el Juzgado 8 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió sentencia en primera instancia a favor de las abogadas en aras de proteger los derechos colectivos de las personas con movilidad reducida, para que de esta forma puedan tener acceso digno al transporte público.
En este caso, para que dicha población acceda al servicio y que su prestación sea eficiente y oportuna.
Después de que el juez diera el fallo a favor de las personas con movilidad reducida, Vanguardia se comunicó con Pedro Orostegui, gerente de Unitransa S.A., quien aseguró tener toda la disposición para cumplir a cabalidad con el derecho universal de accesibilidad de todos los ciudadanos.
“Se han presentado algunas dificultades para este cumplimiento. Han sido de carácter económico, por propietarios de los vehículos y la inexistencia de talleres para esas adecuaciones. Sin embargo, la empresa reconoce el derecho que tiene toda persona”, argumentó Orostegui.
Luego de la sentencia, Unitransa S.A. planea un proyecto de accesibilidad que presentará al AMB en febrero del 2023. También pondrá letreros de acceso a la buseta que actualmente cumple con la adecuación necesaria para transportar a esta población y actualizará su página web con los horarios y rutas del vehículo especializado.
“Diseñaremos un plan en el que progresivamente toda la flota cumpla con los requisitos para febrero de 2023. Iniciaremos con el acondicionamiento de partes como luces, pasamanos, señales auditivas y más cosas factibles. Estamos pensando en un periodo de cuatro meses para hacer una parte y, luego, otro periodo de cuatro meses y así lograr un 80% en el avance”, explicó el gerente de Unitransa S.A.
Las abogadas esperan que la población con movilidad reducida conozca que hay una normatividad que los ampara y que, de igual forma, los cambios se repliquen en muchas más empresas de transporte público.
