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Viernes 03 de julio de 2020 - 12:00 PM

Las preguntas no resueltas del incendio en la Alcaldía de Bucaramanga

Qué resultado arrojó la investigación por el incendio de la Alcaldía de Bucaramanga Fue un accidente Vanguardia presenta las dudas que rodearon esta emergencia. Vea en Vanguardia.com un capítulo nuevo de Expedientes de Prensa.

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Jaime Del Río  / VANGUARDIA
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El sábado primero de junio de 2002, pasado el mediodía, el entonces mandatario de Bucaramanga, Néstor Iván Moreno Rojas, aseguró que se realizaría por parte de las autoridades una investigación exhaustiva para determinar las causas del incendio que destruyó las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. El entonces comandante de la Policía de Santander, general Jorge Daniel Castro, aseguró ese día también que era “muy temprano” para hacer un juicio alguno sobre lo que pudo generar la deflagración. Ambos anunciaron resultados para determinar si la emergencia fue accidental o no.

Casi dos décadas después no se puede afirmar que manos criminales estuvieran detrás de la conflagración que dejó pérdidas cercanas a los diez mil millones de pesos. Tampoco se puede descartar.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga informó que nunca se hizo una investigación sobre las causas que originaron el fuego que calcinó documentos oficiales y equipos de los pisos 3, 4, 5 y 6 del inmueble donde funciona la Administración Municipal.

La investigación en la Fiscalía duró activa cuatro meses hasta que fue archivada. Vanguardia recopiló las presuntas inconsistencias que se registraron durante la emergencia y que a la fecha no tienen respuesta.

Uno de los testimonios más importantes del incendio esa madrugada recae en Iván Cantillo Junco, un publicista, quien estaba en la Oficina de Comunicaciones, ubicada en ese entonces en el tercer piso, trabajando en un aviso de prensa cuando ocurrió la emergencia.

“De pronto sentí un olor a quemado, pero pensé que era el abanico (ventilador) y lo apagué. Sin embargo, el olor persistía. Revisé mi equipo para ver si era la conexión, pero nada. Pasaron como 15 minutos. Olía a quemado y ya entonces me paré y a la distancia vi una llamita. Ahí me preocupé, vi humo y salí corriendo a buscar al celador o un extinguidor. El celador tomó el extinguidor y fuimos a la oficina, yo vi eso muy negro, había mucho humo...”, aseguró en una entrevista hace una década.

Se presume, porque nunca se pudo verificar, que el incendio se originó por un cortocircuito en un equipo cercano a la fotocopiadora de la Secretaría de Planeación, ubicada en el tercer piso del inmueble.

Esta semana, Iván Cantillo Junco reafirmó a Vanguardia su testimonio, en el sentido que no vio a nadie más esa madrugada en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga.

La sede del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga está ubicada a escasas cinco calles de la sede de la Administración Municipal, en un recorrido que no supera los cinco minutos, más a esa hora de la madrugada. La pregunta es por qué se registró una demora en la alerta a este organismo de socorro.

La minuta diaria de Bomberos de Bucaramanga firmada por el auxiliar, Juan Gabriel Gamboa, consigna que el incendio se reportó a las 12:25 de la mañana del primero de junio de 2002.

“A esta hora, la Ponal (Policía Nacional) reportó del 7:40 (sigla que significa incendio) en la Alcaldía. De inmediato se informa a las estaciones para que se dirijan al 7:20 (sigla que se utiliza para señalar un lugar físico)”, señala el documento. Tres minutos después, consigna la minuta, un camión de Bomberos, con cuatro hombres, llegó a la edificación en llamas.

El teniente Jorge Peña, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, aseguró a Vanguardia que “se nos endilgó la llegada retrasada a la Alcaldía, pero hay una explicación lógica. Nosotros obedecemos a un llamado de auxilio, a no ser que estemos presentes durante la emergencia. Entonces, en este caso pasó un tiempo, entre 20 y 30 minutos, entre el momento que se detectan las primeras señales de un conato hasta que se registra un humo denso. De hecho, es el señor policía, que se encontraba custodiando el Palacio de Justicia, quien da aviso. Cuando llegamos encontramos que el incendio tiene un avance importante y ha comprometido la edificación. Realizamos las maniobras para controlarlo y evitar que avance al edificio contiguo, también de la Alcaldía de Bucaramanga...”.

El capitán Wilson Pineda Arévalo, entonces Jefe de Operaciones del Departamento de Bomberos de Bucaramanga, aseguró a Vanguardia, meses después de la emergencia, que “se concluyó que el incendio se presentó por causas desconocidas. En ese entonces (2002) no estaba vigente el nuevo sistema penal acusatorio y no se obligaba la investigación de los incendios. Simplemente no pudimos establecer la causa y así quedó consignado en el informe”.

El Jefe de Operaciones de Bomberos de Bucaramanga agregó que si un siniestro similar se repitiera, “ahora sí tendríamos los elementos para una investigación, pues somos parte como asesores del grupo de explosivos e incendios de la Fiscalía General de la Nación. En la época en que se presentó el incendio, no existía el grupo. Ni siquiera había las herramientas para hacer la investigación. Nos hemos capacitado. En ese tiempo las causas de los incendios eran casi siempre las mismas: por establecer o indeterminadas”.

Vanguardia estableció que después de controlado el incendio, las autoridades recolectaron tres muestras de restos del lugar donde se habría originado el incendio para determinar presencia de algún “acelerante” como alcohol, gasolina u otro combustible que permitiera determinar si el hecho fue o no accidental.

Las muestras fueron enviadas al Subgrupo de Química del Instituto Nacional de Medicina Legal, Regional Bogotá. Mediante el Informe No. 132-02 AQLQRB, los expertos concluyeron que no se pudo determinar “la presencia de acelerantes, ya que las muestras fueron embaladas en forma antitécnica”.

El proceso por el incendio de la Alcaldía de Bucaramanga jamás pasó de ser una investigación preliminar, como lo reseñó el expediente Nº 132238, al aclarar que “nunca se identificó el delito”.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía 8 Seccional de Bucaramanga, que profirió resolución inhibitoria (archivar por falta de pruebas) el 22 de octubre de 2002, ante la imposibilidad de obtener testimonios o pruebas que esclarecieran las causas del incendio. La resolución inhibitoria quedó en firme el 5 de noviembre de 2002.

Fuentes del organismo de investigación afirmaron en ese momento que “pese a las labores investigativas no se logró indicio alguno para ordenar apertura de instrucción en contra de ninguna persona”.

La Fiscalía llamó a rendir versión libre por este caso a 20 personas, entre las cuales se cuenta el entonces alcalde de Bucaramanga, Néstor Iván Moreno Rojas; el publicista, Iván Cantillo Junco; el teniente Ciro Antonio Bueno, bombero que estuvo a cargo de controlar el siniestro y a otros funcionarios y celadores de la edificación. Cada uno coincidió en señalar que desconocía si el incendio fue provocado o accidental.

Según el Código Penal de Colombia en el artículo 350, el delito de incendio tiene una pena máxima de 10 años, término en el que también prescribirá la acción penal, es decir, el proceso morirá. Según la misma Fiscalía, a menos que aparezca una “prueba reina”, el proceso seguirá archivado.

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Publicado por Juan Carlos Gutiérrez

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