Una medida temporal que consiste en la reducción de la tarifa del pasaje del bus en algunas rutas, le ha permitido a los transportadores recuperar el terreno perdido y revelar la discrepancia que existe con la autoridad de transporte metropolitano.
Mil pesos, una cifra que podría ser irrisoria para algunos, hoy enfrenta a los propietarios de buses del transporte público colectivo con la autoridad de transporte metropolitano de Bucaramanga.
Mientras unos aseguran que bajando esta tarifa han logrado la recuperación hasta del 400% de pasajeros perdidos y quitarle hasta 10 mil pasajeros por día a la ‘piratería’; el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, busca la manera de imponer su autoridad de transporte advirtiendo que la reducción de tarifas no es posible implementarlas sin una previa autorización.
Edwin Fabián Pinzón Gómez manifestó que el cobro de la tarifa de $1.600 por pasajero se está actualmente implementando en siete rutas, desde el pasado mes y fue una decisión que de a poco ha ganado adeptos, pues demuestra ser una solución a la crisis que afronta el sector.
“Desde el primer día que fijamos la tarifa a $1.600 los pasajeros que se empezaron a movilizar con el transporte público colectivo se duplicaron, esto quiere decir que entre más caro sea el pasaje menos gente se va a movilizar. El AMB no puede seguir fijándonos tarifas para favorecer a Metrolínea”, acotó.
Si bien, la deducción que ellos están haciendo es apenas de $1.000, Cotrausan, la Corporación del Transporte Urbano, advierte que la pérdida asumida por el sector transporte en la ciudad es de $2.000 por usuario movilizado, tomando como referencia el estudio de costos y tarifas para 2020 y sumándole un factor de ocupación del 35%. Las pérdidas económicas diarias superan los $232 millones.
El déficit de la demanda de pasajeros por mes, a raíz de la emergencia, llegó a los 2.739.239, según la suma total de lo establecido por las 11 empresas del transporte público colectivo.
Desde el 12 de julio y hasta el 31 de agosto, propietarios de buses del transporte público convencional, en Bucaramanga y Floridablanca, comenzaron a subsidiar el pasaje en $1.000, lo que quiere decir que los ciudadanos ya no pagan $2.600 para acceder al servicio, sino $1.600.
Lo anterior aplica en las rutas:
-Bosconia - Los Ángeles - Chapinero - Centro - Real de Minas - Inem (Transcolombia)
-Galán - Modelo - Estadio (Unitransa)
-Bahondo - Poblado - Calle 45 - Carrera 33 (Unitransa)
-Hamacas - Carrera 33 - Reposo (Unitransa)
-Buenavista -Morrorrico - Carrera 9 - Canelos - Inem (Unitransa)
-Laureles - Oasis - Reposo - Carretera Antigua - González Valencia - Carrera 16 - Centro (Lusitania)
-La Cumbre - Carrera 36 - Guarín - Hospital - Estadio (Lusitania)
Edwin Fabián Pinzón Gómez, presidente de la Asociación de Inversionistas de Transporte Convencional, Asinstransco, manifestó que si bien la tarifa la reglamenta el AMB, como autoridad de transporte, ellos decidieron subsidiarla para ganar pasajeros, contribuir de manera solidaria con los usuarios, combatir la ‘piratería’ y como estrategia de reactivación económica tras la pandemia de la COVID-19.
“Se nos incrementaron los pasajeros entre un 70% y un 400% y la ‘piratería’ ha disminuido sobre los trazados que tenemos en $1.600. El AMB sacó una carta diciendo que nos iba a sancionar con 700 salarios mínimos legales, pero llevamos 10 años pidiéndoles que ataquen al taxi colectivo que establece rutas y pone una tarifa de $2.000, $2.500 y $3.000 por persona, y esto no está permitido porque son transporte individual, pero sobre ellos no hay registros de sanciones que hayan efectuado a los conductores o empresas”, sostuvo.
Como apoyo a lo que dice Pinzón, los transportadores precisan que la ‘piratería’ los tiene acabados. “Sabemos que legalmente no se pueden bajar tarifas, pero es una medida desesperada que adoptamos porque no tenemos ninguna ayuda. Es una iniciativa de los propietarios porque las empresas no hacen esto”.
Ante la decisión de reducir la tarifa establecida para el transporte público colectivo, pasando de $2.600 a $1.600, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, comunicó que los ejercicios que tengan como propósito modificar la tarifa del usuario deben ser formalizados ante la autoridad de transporte, a efectos de evitar el detrimento o perjuicio derivado desde una posible especulación o competencia desleal.
De acuerdo con la entidad, la prestación del servicio público de transporte es una actividad económica regulada por el Estado, incluyendo en sus intervenciones el aspecto tarifario; por lo cual, cada año, mediante acuerdo metropolitano, se fijan estos valores, a partir del análisis previo de la estructura de costos desarrollada desde la información suministrada por las empresas transportadoras habilitadas.
Lo anterior, añade el AMB, no desconoce que los principios, parámetros y metodología tarifaria, necesariamente conllevan a un posible impacto socioeconómico sobre los actores de la actividad transportadora.
“Se continuará promoviendo espacios de diálogo y construcción colectiva, que permitan armonizar el cumplimiento de las normatividad de transporte con las alternativas presentadas por las empresas, entre ellas, las tendientes a revisar la estructura de costos”, concluyó el AMB.
Vanguardia pudo conocer que durante el cálculo de la estructura de costos para la tarifa 2021, se reconoció una situación atípica presentada en la operación del transporte público debido a que las medidas de aislamiento preventivo decretadas por la pandemia del COVID-19 cambiaron sustancialmente los valores de los kilómetros recorridos, costos fijos y variables, rendimientos y pasajeros movilizados, ocasionando un alto impacto en el indicador del IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro), que tiene efecto directo en el cálculo de los costos por pasajero.
En razón a lo anterior, si se hubiera aceptado la tarifa técnica, los pasajeros tendrían que pagar hoy $3.400 para movilizarse en un bus.
