Construcciones irregulares de ladrillo y cemento, con hasta cuatro pisos de altura, se multiplican en los cerros orientales de Bucaramanga. La comunidad denuncia afectaciones en terrenos estratégicos para el suministro de agua.
Ambientalistas y líderes cívicos denuncian la proliferación de construcciones ilegales en los cerros orientales de Bucaramanga, a la altura del kilómetro 7 de la vía terciaria que desde Morrorrico conduce hacia la vereda Gualilo Bajo.
Habitantes del sector advierten que desde hace cerca de dos años comenzaron a observar la tala de árboles para hacer obras, en medio de un terreno estratégico para la preservación de fuentes hídricas, según lo señalado.
La comunidad asegura que desde entonces y hasta la fecha se han levantado, al menos, siete construcciones en ladrillo y cemento, algunas de ellas incluso de hasta tres y cuatro pisos de altura, y sin cumplir ninguno de los parámetros dispuestos para este tipo de proyectos.
Los denunciantes manifiestan que, a pesar de los reiterados llamados de control realizados al Gobierno Local, durante los últimos meses dichas obras continuaron avanzando. Manifiestan que existe cierta pasividad del Municipio para detener dichas construcciones e imponer las sanciones del caso.
“Están acabando con todos los árboles”
De acuerdo con lo reportado a Vanguardia, el terreno en donde se localizan estas obras ilegales queda en cercanías del embalse de Bucaramanga.
“Esa parte de la montaña era toda verde, solo había árboles, antes no se veía ni una sola casa. Ya tumbaron muchos troncos para poder construir. Estos predios de la zona son muy importantes porque hay varias fuentes de agua que abastecen a Bucaramanga; las autoridades deben protegerlos de los invasores”, manifestó un ambientalista que frecuenta la vía hacia la vereda Gualilo Bajo.
Líderes cívicos demostraron, con documentos que fueron elaborados por el mismo Municipio, que desde julio de 2020 la Alcaldía de Bucaramanga tuvo conocimiento de dicha problemática.
“En julio del año pasado se hizo una inspección y el Municipio levantó un acta sobre las infracciones cometidas, pero nunca se cerró la obra y continuó en 2021. Ya hay siete construcciones hechas por la misma persona, y todavía no vemos ningún sellamiento ni sanción. ¿Por qué no actúa la Alcaldía?”, denunció uno de los veedores.
No cumplen requisitos
En julio y en agosto de 2020 la Alcaldía de Bucaramanga realizó inspecciones en dicha zona de los cerros orientales. En esta última visita se evidenciaron tres nuevas construcciones, para un total de cuatro obras.
El Gobierno Local evidenció que “las cuatro construcciones suman un total de 390 metros cuadrados aproximadamente. Las labores realizadas sobre la ladera del talud no cumplen la normativa sismorresistente, normatividad urbanística (POT), ni aislamientos establecidos a las distancias de los taludes. No presentaron documentación que acredite legalidad de las obras”.
En dichas inspecciones la Alcaldía también constató que cuatro de las obras denunciadas pertenecen a la misma persona, a quien acusan de tener un negocio ilegal de loteo de terrenos y venta de inmuebles.
Cdmb anunció inspección
Diego Armando Barajas, coordinador del Grupo Élite Ambiental de la Cdmb, indicó que “se llevará a cabo una visita de inspección en la zona, referenciaremos el predio y contrastaremos estos datos con nuestra cartografía para determinar si dicha área hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (zona de protección) o si existen problemas por suelo inestable”.
Desde la Corporación Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga se precisó que el control de obras es función de Alcaldía.
¿Qué dice la Alcaldía de Bucaramanga?
José David Cavanzo, secretario del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, aseguró que hasta hace poco se realizó la suspensión de dichas obras, pese a que se conocían desde mitad de 2020.
El funcionario afirmó que “el pasado 17 de marzo se realizó una nueva visita con la Secretaría de Planeación y se impusieron sellamientos a estas construcciones. También emitimos requerimientos para que, en un lapso de 60 días, se presenten los documentos correspondientes.
“Si no se presenta la documentación, posteriormente se impondría la sanción económica, la cual se fija según el salario mínimo y dependiendo de los metros de la construcción. Este tipo de multa sigue aumentando su valor hasta que cesen los trabajos. De igual forma, este proceso puede culminar en la demolición de las construcciones. Seguiremos muy atentos a los llamados de la comunidad”, agregó Cavanzo.
El funcionario aseguró además que se alertará a las inspecciones rurales de policía para que estén pendientes de este caso en particular, con el fin de advertir y detener un posible avance en las obras.
