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La más reciente decisión del Ministerio de Salud regula y numera las condiciones en las que los actores del sistema de salud deben prestar la atención para las mujeres o personas gestantes que decidan abortar.
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Según la abogada santandereana Viviana Bohórquez Monsalve, directora de Jacarandas, en esta resolución se condensan las diferentes decisiones que en los últimos años ha tomado la Corte Constitucional para garantizar este derecho a las mujeres, entre ellas la más reciente: la sentencia C-055, de febrero de 2022, que determinó que hasta la semana 24 de gestación, las mujeres tienen total libertad en la decisión de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Pese a las directrices a nivel nacional, en el área metropolitana persisten diferentes barreras para las mujeres que solicitaron un aborto en los últimos años, de acuerdo con los hallazgos de la Fundación Mujer y Futuro en una investigación publicada a finales del año pasado. Una de las principales es que en ningún municipio del área hay instituciones que realicen una IVE, pasada la semana 14 de gestación.
El panorama en el área metropolitana
La investigación adelantada por esa organización, radicada en Santander y con más de 34 años de labores, documentó el panorama que existe en el área metropolitana de Bucaramanga frente a las garantías que tuvieron las mujeres para acceder a una IVE entre los años 2016 y 2022.
Es decir, ese estudio examinó la situación antes y después de la última decisión de la Alta Corte en 2022, y con la vigencia de la sentencia (C-355) del año 2006, que solo contemplaba tres causales para el acceso al aborto.
El diagnóstico, llamado ‘Nuestro cuerpo, nuestro territorio’, tuvo como fuentes los testimonios de mujeres que abortaron, solicitudes de información a las entidades directa e indirectamente relacionadas con la ruta para el acceso al aborto: entes gubernamentales, EPS, IPS, universidades; complementados con una revisión de la información en sitios web de esas instituciones.
Laura Juliana Meneses Gutiérrez, profesional jurídica e investigadora de la Fundación Mujer y Futuro, detalló que son tres tipos de barreras a las que se enfrentan las mujeres del área metropolitana para acceder a una IVE: institucionales, sociales y fallas en la prestación del servicio.
En la primera de ellas, según explicó, hay varios elementos que demuestran una carencia de información y pedagogía en las instituciones del área. Y, principalmente, una ausencia de entidades que practiquen una Interrupción Voluntaria del Embarazo pasadas las 14 semanas.
“En el área metropolitana y en Bucaramanga no se realiza un procedimiento (IVE) después de la semana 14.5 y eso es muy preocupante porque esta es una ciudad principal y no está atendiendo a las condiciones pactadas por la sentencia (C-055) del 2022”, alertó la investigadora y añadió que en ese tipo de casos en los que la mujer supera esa cantidad de semanas de gestación “tiene que ser enviada a la capital (Bogotá D.C.) y eso presenta muchas barreras tanto psicológicas, económicas y burocráticas para la mujer que quiera acceder a su derecho”.
Otro de los puntos que destaca la investigación es que en el área, la mayoría de las IVE son atendidas por una sola IPS. “Eso genera que haya mucha presión sobre una sola entidad, cuando las otras instituciones también están llamadas a prestar este servicio”, dijo Meneses Gutiérrez.
Según la investigadora, hay un “bajo interés” por parte de las instituciones revisadas en cuanto a la divulgación de información sobre la IVE, tanto en sedes físicas como en sus respectivas páginas web.
“Tampoco encontramos pedagogías o actualizaciones, dado que ya se cambiaron las condiciones para realizar una IVE”, aseguró Meneses Gutiérrez, sobre la falta de formación por parte del personal encargado de la atención y anotó que existen dilaciones o demoras para realizar este procedimiento.
Obstáculos sociales
En este punto, la profesional jurídica enfatizó que entre las mujeres que deciden abortar en la capital santandereana persiste “un temor a la sociedad que las juzga por la decisión que realizan sobre sus propios cuerpos”. Asimismo, destacó que en el área metropolitana hay una “falta de educación en derechos sexuales y reproductivos”, por lo que “algunas mujeres y los funcionarios a cargo” desconocen el procedimiento para acceder a una IVE. Esa situación, precisó la investigadora, afecta de manera significativa a las mujeres en crisis migratoria.
Además, declaró que entre las mujeres que acuden a estos procesos hay un temor frente a una posible divulgación de su historial clínico y que hay limitadas redes de apoyo para las mujeres que deciden abortar, lo anterior por el temor a ser señaladas.
“Hay mujeres que se encuentran inmersas en ciclos de violencia y esa decisión se ve sometida a la opinión o decisión de terceros”, puntualizó.
Fallas en la prestación del servicio
Una de las principales falencias, de acuerdo con la investigadora, es la falta de atención integral para quienes acceden a una IVE. “No hay un seguimiento de salud mental post-intervención”, indicó la investigadora. Sumado a esto, agregó Meneses Gutiérrez, en algunos lugares en los que se realiza el proceso, las mujeres están expuestas a “violencias y malos tratos”, que en apariencia no lo son.
Los alcances de la resolución
Según la abogada Viviana Bohórquez Monsalve, gran parte de los puntos de la resolución son una reiteración coherente de las decisiones que, previamente, la Corte Constitucional había tomado en más de 16 fallos. Según ella, esa repetición es importante porque “condensa, numera, regula y aclara” cuáles son las obligaciones de las EPS, IPS, sistema público y profesionales de la salud, para garantizar el derecho al aborto.
Además, reconoció que el documento del ministerio trae avances en cuánto a los procedimientos técnicos se refiere; en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bohórquez Monsalve mencionó que a través de Jacarandas han atendido a 4.292 mujeres que, desde 2022, necesitaron asesoría jurídica para sus solicitudes de acceso al aborto. Según la abogada, han atendido varios casos de mujeres a las que instituciones de Santander les han negado el servicio. Si necesita más información puede comunicarse al 314 592 9359.
