La Procuraduría General absolvió al alcalde de Sincelejo, Sucre, Andrés Eduardo Gómez Martínez, y a tres funcionarios de la administración al comprobar que no hubo irregularidades en la gestión contractual para el suministro de kits alimentarios a la población vulnerable del municipio, afectada por la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.
La medida disciplinaria también cobijó a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo, a la directora técnica de Gestión Contractual, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico de la alcaldía, Leonardo Beltrán Pinto.
El Ministerio Público señaló que para la celebración de contratos por urgencia manifiesta o calamidad pública, no se exige la rigurosidad en la estructuración de la etapa precontractual, planeación, estudios previos y demás documentos requeridos por el Estatuto General de la Contratación Pública, y que es viable que al momento de la suscripción del negocio jurídico se tomen valores y precios preliminares que en el transcurso de su ejecución pueden ser modificados.
Para el ente de control no existió ningún daño patrimonial, materialización de algún tipo de desgaste administrativo o alteración al correcto funcionamiento del Estado, que le sea imputable a los funcionarios investigados. El fallo de primera instancia quedó en firme teniendo en cuenta que el alcalde no presentó recurso de apelación.
