El gobierno de Gustavo Petro, rechazó este viernes la decisión del presidente de Nicaragua de quitar la nacionalidad a 94 de sus connacionales, por considerar que esa medida vulnera el derecho a la nacionalidad.
Ortega, declaró el miércoles pasado como “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como conocidos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se señala que “expresa su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023”, a la vez que considera que “estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”.
Plantea además el gobierno Petro que “hace un llamado generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.
En otro aparte del comunicado se indica que “considera, sí, un paso importante para el diálogo nacional, la decisión del pasado 9 de febrero de excarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos gracias a la facilitación del gobierno estadounidense; así como la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, como resultado de la cual se retiró la nacionalidad nicaragüense a los 222 ciudadanos excarcelados”.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como “un paso importante” para el diálogo la decisión del gobierno nicaragüense de excarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos, así como la idea de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad.
La dictadura de Nicaragua sumó el estrambótico récord de dejar sin patria y nacionalidad a 316 personas en tan solo una semana, lo que demuestra que el régimen de Daniel Ortega está dispuesto a romper todas las bases de la democracia.
