Pisar Venezuela es entrar en territorio de vigilancia. A la guardia venezolana le inquietan las cámaras, los radares rusos impiden que los drones colombianos vuelen para tomar fotos y ya en Táchira las personas saludan, hablan, pero no dan sus nombres.
Una foto de Simón Bolívar da la bienvenida al estado fronterizo con Norte de Santander. De allá hacia el costado colombiano los ciudadanos binacionales cruzan con las manos vacías y en familia; desde este bando al venezolano pasan con bolsas de mercados y maletas que cargan los carreteros por todo el puente.
Hasta el domingo sin cédula o pasaporte venezolano no se podía cruzar al otro lado, pero desde este lunes ese paso quedará habilitado por la reapertura de la frontera que coordinaron el gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro, una reactivación en la que ninguno de los dos estará para la foto, pero sí sus emisarios.
En el costado colombiano la prensa no tiene condiciones; en el venezolano, sí: no hablar con las personas, solo tomar fotos y devolverse con rapidez. Por cada cuadra adentro del municipio de San Antonio –el primero que está después del puente– que se camina, una uniformada de la Guardia Nacional Bolivariana se acerca a recordar ese mensaje.
Solo en la primera cuadra hay cuatro policías custodiando quién entra, quién sale, si alguien se atraviesa por la calle que cruzan los carros y qué hablan las personas. Allí, a pesar de que faltaban horas para que se abriera la frontera, se escuchaban voces desde la esquina que gritaban “trochas, trochas”, convocando a los migrantes para cruzar de forma irregular por los pastos que están debajo del puente y donde grupos como el ELN o los paramilitares ponen la ley.
El llamado de los trocheros se interrumpe por una voz de asombro colectiva. Cinco hombres recostados en una barricada observan cómo un camión cisterna con gasolina entra a la estación de combustible del pueblo, dicen ellos, por primera vez en siete años.
“Periodista, tómele foto a eso”, claman entre risas. “Eso” es la gasolinera de nombre Full Gas que tiene en el techo las letras PDVSA en rojo y amarillo, las luces apagadas y una camioneta parqueada en la entrada.
Su administradora dice que no puede hablar, tampoco la funcionaria que envió PDVSA desde Caracas para coordinar la llegada de gasolina a un estación que no tenía combustible, y un vecino de la cuadra cuenta que ese negocio lo expropiaron, dejó de tener carburante, cerró y apenas empezará a reactivarse con los camiones que llegarán, por ahora, desde Colombia.
Ellas no hablaron, tampoco el tendero que vendió una Maltín Polar por 2,5 sin especificar si recibía como pago bolívares, dólares o pesos. “Todo sirve”, aseguró, pero no respondió al interrogante de qué moneda era más útil en sus bolsillos y dejó el mostrador cuando escuchó más preguntas.
Junto a esa tienda se parquean carros que dejan a venezolanos con una maleta en mano para cruzar a pie por el Simón Bolívar. Es una hazaña rápida: un campero se acerca al andén, dos personas –un hombre joven y una mujer adulta– se bajan con su equipaje, reciben un abrazo de dos segundos de la conductora y ella, con esa misma rapidez, saca el carro de la zona.
Es como si se sintiera la vigilancia. También se ve.
Dos hombres vestidos de negro con una gorra de ese mismo color en la que se leen las letras “Sebin” aparecen en frente. El Sebin es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y es el brazo del régimen de Maduro que persigue a sus opositores, como los 244 presos políticos de la dictadura que cuenta la organización Foro Penal y por los que Maduro es investigado por violaciones a los Derechos Humanos.
El Sebin llegó en medio de una entrevista, tomó fotos al equipo de EL COLOMBIANO y los sujetos se quedaron a tres metros de distancia para escuchar la conversación con el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia. A él, a pesar de pertenecer al parlamento que reconoce a Maduro como presidente, también lo retrataron.
“Teníamos el sueño de volver a tener la frontera más activa de América Latina. Habrá pasos de manera legal, pagando tributos al Seniat y a la Dian, se acabaron los caminos ilegales y ahora hay una cooperación en comercio y en seguridad”, aseguró Palencia.
La apertura no es más que un símbolo que da el banderazo a un proceso que tomará al menos tres meses más y que solo estará completa cuando los siete pasos internacionales oficiales estén operando en su totalidad. Para que el más grande de esos, el de Tienditas, empiece a funcionar se necesitan tres meses de pruebas, no de la infraestructura, sino de procesos administrativos bilaterales.
Uno de los artífices de la reactivación es el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, un funcionario que ha estado en medio de las relaciones bilaterales desde el gobierno de Juan Manuel Santos, para cuando entonces trabajaba en la Cancillería.
Bautista asegura que el evento de este lunes “no es simbólico porque a partir de ahora empieza a funcionar una economía formal. El solo hecho de que pasen mercancías le quita fuerza a las trochas y a la economía ilegal, recuperando puestos de trabajo”.
Nicolás Maduro clausuró el paso en agosto de 2015, cuando expulsó a los colombianos que vivían en la frontera, marcó sus casas como en los tiempos nazis y se quebró la relación con la administración Santos. Diez meses después, en 2016, hubo una reactivación parcial para el flujo de personas, hasta enero de 2019 cuando se rompió la relación entre el régimen y la Casa de Nariño.
Los de Miraflores pusieron contenedores en el Puente Tienditas y a sus vigilantes en los otros seis pasos; el gobierno de Iván Duque empezó a tratar los asuntos de frontera con el opositor Juan Guaidó y la pandemia terminó de sellar el paso legal. Duque consideró abrirla, pero puso una condición que Maduro nunca aceptó: que Venezuela quitara los contenedores del puente.
A pesar de las discrepancias, la frontera no se cerró del todo porque el tránsito estuvo activado, incluso el paso comercial por Paraguachón está habilitado desde antes de que llegara el “gobierno del cambio”.
Y es que esos 2.219 kilómetros no son un aeropuerto que pueda abrirse y cerrarse, ¿quién clausura el fluir del río Táchira o el conflicto que atraviesa por las trochas?
Estos 85 meses de movimientos no controlados en esa zona muestran que ni las empatías o discordias políticas que vivieron Maduro y los expresidentes –Santos y Duque– frenaron el fluir de una frontera, que más que eso, es un río mismo con potreros y montañas que comparten dos naciones de Bolívar .
