A dos días de que se termine el 2022, la promesa presidencial de que al menos siete jóvenes detenidos por participar en las protestas estarían libres para está Navidad y serían nombrados voceros de paz no solamente sigue sin cumplirse, sino que continúa generando polémica.
En efecto, de un lado la Procuraduría General de la Nación anunció una denuncia por la forma cómo se tramitó la liberación de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, dos miembros de la Primera Línea que fueron excarcelados el pasado 21 de diciembre, en cumplimiento de lo anunciado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Y por otro, un juez de Popayán le negó la libertad a Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza, quienes con Laura Camila Ramírez, Juan Sebastián Galeano y Arles Andrés Bolaños completaban el grupo de los siete jóvenes que en primer lugar iban a recibir el beneficio dispuesto por el Ejecutivo.
“Fue un trámite procesal que se enredó. Antes de ser nombrados voceros de paz por el Presidente, ya sus abogados habían solicitado el traslado o la sustitución de la medida, esa sustitución había sido negada y se junto con esta”, explicó ayer el ministro de Interior, Alfonso Prada, con respecto a los integrantes de la Primera Línea detenidos en Popayán.
Y agregó: “De tal manera que este proceso apenas está comenzando, entiendo que hoy (ayer) radicaron la solicitud de audiencia para que se tome una decisión” al respecto.
Según trascendió, el Juzgado de Popayán argumentó que el caso de Duque e Hinestroza es ajeno a la Primera Línea, pues al parecer los hechos por los que ellos están privados de la libertad se habrían cometido en 2022 y no durante el Paro Nacional.
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De hecho, ambos jóvenes estarían siendo procesados por el delito de avasallamiento, al estar comprometidos, supuestamente, en las invasiones que se registraron en unos predios ubicados en el norte de Popayán.
Lo cierto es que, frente a la opinión pública, el hecho de que jóvenes sindicados de haber cometido actos delictivos durante el estallido social del año pasado no solo sean liberados sino delegados para que cumplan funciones que no están del todo claras se ha convertido en una ‘papa caliente’ para el actual Ejecutivo.
“De un total de 240 (sindicados), lograr la liberación de 7 es muy poquito, pero aun así no está garantizado que puedan salir, toda vez que serán los jueces en últimas los que decidirán”, dice el politólogo Jhon Mario González con respecto a por qué los otros cinco jóvenes no han sido excarcelados.
Según él, el Gobierno Petro “tiene una pretensión política de mantener la sintonía con la Primera Línea y la izquierda radical que lo apoyan, vía prometerles algo para lo cual no tenía facultades” y por eso hizo el anuncio.
Y asegura que por ello “se pegó” de un inciso del Artículo 5 de la Ley 418 de 1997, hoy Ley 2272, “pero ese parágrafo le da una de facultad mínima, porque trata de organizaciones criminales al margen de la ley y, hasta dónde se entiende, la Primera Línea no era un concierto de organización criminal”.
“Con esa debilidad normativa, no es fácil no solo liberar más de 7 sino incluso garantizar que esos 7 pueden salir en libertad”, concluye el analista.
Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha asegurado que “ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidios, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad, ni tortura, son delitos de afectación de bien público privado, obstrucción de vía pública, obstrucción de medios de transporte público e irrespeto a autoridades”.
Como se sabe, él y su colega de Defensa y el director Departamento Administrativo de la Presidencia conforman la comisión encargada de evaluar uno a uno los casos de los jóvenes que podrían ser liberados y hacerle la respectiva recomendación al Mandatario colombiano, quien finalmente toma la decisión de nombrarlos o no como voceros de paz.
De ser así, los voceros del Ejecutivo han explicado que deberán acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social y la búsqueda de la reconciliación entre los colombianos.
Y aunque se ha aclarado que el desarrollo de esas funciones no implica que los designados vayan a recibir un sueldo, puesto que serán voceros más no gestores de paz, la controversia no se detiene y no solo ante la confusión por dichos términos.
“Es importante que haya una buena campaña de pedagogía al respecto, tener claro lo que se quiere y qué acciones y funciones van a tener las diferentes figuras que se vayan creando, además de que se resalte en el marco de lo que ellos llaman la Paz Total”, afirma María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, destacando que “sí van a generar reacciones en contra, porque es una propuesta audaz”.
De su lado, el analista político Pedro Viveros considera que “si van a atender a la Primera Línea, tienen que mirar también los problemas que ocasionaron y las necesidades de las víctimas, que he bautizado los de la última línea. ¿Qué pasó con los que sufrieron los bloqueos?: también hay que oírlos”.
Con él coincide la docente María Lucía Zapata, quien plantea que un proceso restaurativo se divide en víctimas, agresores y comunidad, y hasta el momento el Gobierno Nacional le estaría dando prioridad a los que se podrían catalogar como agresores, porque de una u otra forma afectaron el bien público y a la sociedad.
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