La Unesco le dio dos años a Cartagena para tomar las medidas sugeridas, así lo confirmó el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
En el marco de la entrega 43 del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, que se reúne esta semana en Azerbaiyán, el Comité le dio a Colombia como plazo máximo hasta 2021 para demoler la polémica torre Aquarela que un particular construye a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, en Cartagena.
La decisión fue tomada porque la obra en cuestión afecta el valor universal excepcional por el que la ciudad amurallada se encuentra dentro de la lista de patrimonio mundial. Cabe mencionar que el título fue otorgado desde 1984 por la Unesco a la ciudad.
La Organización también dio el mismo plazo al Distrito para que apruebe los dos planes especiales de manejo y protección del patrimonio: el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (Pemp), y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para que de este modo, se ponga fin al caos urbanístico en la ciudad y se evite la violación de normas de construcción.
El arquitecto Alberto Escovar Wilson White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, dijo que si no se cumple con la medida, la declaración de patrimonio de la ciudad estaría en riesgo.
Colombia, en cabeza del Ministerio de Cultura, ya presentó un informe a la Unesco, en 2018, sobre las acciones que ha tomado la nación frente al polémico caso ‘Aquarela’; y ante otras críticas y observaciones hechas por el órgano internacional luego de la visita del 2017.
Al comité de patrimonio también le preocupa el nuevo hotel Santa Catalina que fue construido en el predio que antes ocupó el Magaly París, en la Plaza de los Coches, en la parte anterior de la Torre del Reloj Público. No obstante, temas como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y de las fortalezas de la ciudad, el cual es un requisito irreductible de todas ciudades patrimonio ante la Unesco, no han sido discutidos en Cartagena desde 1994.
Pedrito Pereira, alcalde de Cartagena, aseguró que los operadores “tenían hasta diciembre para hacerlo por su cuenta, pero se han amparado en una medida cautelar para no acatar la orden del Distrito”.
