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Colombia
Lunes 12 de abril de 2021 - 12:00 PM

Entes de control ponen la lupa sobre mecanismos de alternancia

La Defensoría del Pueblo envió una serie de recomendaciones a entidades, instituciones y autoridades del orden nacional y territorial, para que se avance en la preparación del retorno gradual y bioseguro de los estudiantes a las aulas.

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Colprensa / VANGUARDIA
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Las recomendaciones las hizo el órgano defensor teniendo en cuenta que el cierre de colegios completa un año y en varios casos se han advertido efectos en la salud física y mental de los niños, el incremento en todas las formas de violencia contra esta población, el reclutamiento forzado y un retraso significativo en los procesos educativos.

La Defensoría considera prioritario que las autoridades territoriales avancen en el cumplimiento de la Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgos del coronavirus en instituciones educativas, así como la Directiva 017 de 2020 emitida por el Ministerio de Educación, que establece los lineamientos para la incorporación y ejecución de los recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), destinados a la financiación de los protocolos de bioseguridad en instituciones educativas oficiales.

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"El cierre de las instituciones educativas solo debe permanecer o considerarse cuando las condiciones epidemiológicas de los territorios lo requieran y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social. En los demás casos, y estando garantizadas las condiciones de bioseguridad, es preciso avanzar rápidamente en la implementación del modelo de alternancia", expuso el órgano defensor.

La entidad pidió a las directivas, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa, cumplir, adecuar, coordinar y articular las directrices establecidas en la Resolución del Ministerio. También pidió a los padres de familia y cuidadores conocer, participar, apoyar, atender y fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños y adolescentes dispuestas en la misma Resolución.

Según el Ministerio de Educación, en el 2021 se matricularon alrededor de nueve millones 200 mil estudiantes, de los cuales más un millón se encuentran en alternancia, esto es apenas el 11,6% de todos los estudiantes matriculados.

De ahí que el órgano defensor, recomendó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación Nacional a que garantice, divulgue, coordine, organice y articule la aplicación de los planes de contingencia para asegurar el retorno gradual, seguro y progresivo de los estudiantes a las instituciones educativas.

En días pasados, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dijo que “los derechos de los niños se están viendo afectados por su inasistencia al ámbito escolar. Esos escenarios no solo forman, sino que ayudan a socializar, a recrearse, a nutrirse y a fortalecer su equilibrio emocional, garantizando así su desarrollo integral. Los derechos de los niños priman y muchos de esos derechos dependen del acceso a los ámbitos escolares".

Para la entidad, el regreso de los niños a clases presenciales es fundamental. "Invitamos a las autoridades regionales a que viabilicen las clases presenciales en alternancia de los niños y niñas, cuando las condiciones epidemiológicas lo permiten, y no seguir exponiendo su salud emocional. El camino aparentemente fácil de la prohibición se puede volver un costo irreparable para miles de niños que se están viendo afectados con decisiones facilistas”.

Si bien, la Defensoría es consciente de que algunas ciudades enfrentan situaciones de contagio masivo de Covid-19, lo cual ha puesto presión a los sistemas de salud y ha obligado medidas severas para reducir el contagio, es preciso avanzar en la adecuación de las instituciones educativas, para que cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, se esté preparado para el regreso.

Por otro lado, desde la Procuraduría se exhortó a cinco gobernadores y 18 alcaldes a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fome para la implementación de los planes de alternancia.

El Ministerio Público advirtió demoras en la incorporación y ejecución de los recursos por parte de los departamentos de Boyacá, Meta, Nariño, Amazonas y Magdalena, y de los municipios de Turbo, Enviado y Apartadó (Antioquia); Sogamoso, Tunja y Duitama (Boyacá); Facatativá, Funza y Chía (Cundinamarca); Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Yopal (Casanare), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).

En el requerimiento enviado a las 23 Entidades Territoriales Certificadas, el órgano de control solicitó informar las razones por las cuales no se han incorporado los recursos destinados a la Financiación de los Planes de Alternancia 2020 – 2021, pese a que fueron asignados por Ministerio de Educación desde el pasado mes de diciembre.

"La Procuraduría continuará adelantando estricta vigilancia a la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del país y al retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia", dijo el Ministerio Público.

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Publicado por Colprensa

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