lunes, 17 enero 2022
viernes 14 de enero de 2022 - 5:00 PM

Esposa de otro funcionario de la Presidencia también tiene contratos con el Estado

Al sonado escándalo que estalló esta semana por los millonarios contratos que firmó Karen Vaquiro, esposa de Andrés Mayorquin, quien hasta esta semana fue asesor de la jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa, ahora se suma un nuevo caso que también involucraría a un alto funcionario del Gobierno y a su pareja.
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Una investigación de Caracol Radio reveló que Germán Quintero, secretario jurídico de la Presidencia y su esposa, la abogada y contratista Claudia Marcela Montealegre, habrían tenido un comportamiento similar al de Mayorquin y Vaquiro en temas de contratación con diferentes entidades del Estado.

Sin embargo, el Gobierno salió a aclarar los hechos este viernes asegurando que la situación no es la misma que la de Mayorquin y Vaquiro y que no existe ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad.

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El informe del medio señala que desde la posesión de Quintero como secretario jurídico en enero de 2021, Montealegre ha cerrado nueve contratos por $653.357.444 con entidades estatales para brindar asesorías legales.

Las entidades que han contratado los servicios de Montealegre son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y la Alcaldía de Armenia.

Montealegre, al igual que su esposo, es abogada especialista en derecho administrativo y a diferencia del caso Mayorquín y Vaquiro, tiene experiencia trabajando con el gobierno, pues fue asesora del Ministerio de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Así mismo, de acuerdo con la investigación, desde abril de 2020, Montealegre ha contratado en 16 ocasiones con el Estado (nueve de ellas desde que su esposo es secretario jurídico). Del mismo modo, el informe aclara que la mujer nunca ocultó su relación con Germán Quintero y, por el contrario, sí reportó su vínculo matrimonial en su declaración de conflicto de interés.

Lo que dice el Gobierno

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia se refirió a este nuevo caso e indicó que Montealegre fue funcionaria en gobiernos anteriores, mucho antes de que su esposo llegara como asesor jurídico de la Presidencias y que, desde 2020, es contratista.

Así mismo, dijo que tras una revisión que él mismo hizo en plataformas como Secop, “lo que se encuentra es que los contratos suscritos en el año 2021 (nueve) son renovaciones de contratos firmados en el año 2020”.

“La doctora Montealegre tiene más de 20 años de experiencia, su hoja de vida, que es pública, muestra que ha asesorado a entidades que son cercanas al sector de la salud y que no solamente ha trabajado en este Gobierno, sino alrededor de los tres últimos periodos de Gobierno, y ha asesorado a diferentes entidades”, explicó Muñoz.

Y agregó: “(Montealegre) Ha asesorado a exministros como Mauricio Santamaría, Alejandro Gaviria, Juan Pablo Uribe, que estuvo con el ministro Ruiz. Desde el año 2020 se retira como funcionaria y empieza a ejercer como contratista. Es una persona con una hoja de vida amplia, suficiente para desempeñar los objetos contractuales en las entidades en las que está”.

Expresó, además, que a diferencia del caso de Andrés Mayorquin, el asesor Quintero y su esposa informaron su relación en su declaración de hoja de vida y en la firma de inhabilidades e compatibilidades. “Siempre han declarado la información completa”, dijo.

El director del Dapre reiteró que Montealegre “no es contratista del sector de la Presidencia, a diferencia del caso que se nos presentó con el señor Mayorquin donde efectivamente su esposa tuvo dos contratos en el sector”, entonces señala que en este caso, “no existiría ninguna inhabilidad e incompatibilidad”.

Reveló que en 2021, cuando Montealegre trabajó con el sector de la salud, Germán Quintero se declaró inhabilitado. “Se aceptó su inhabilidad y se nombró un secretario jurídico ad hoc, eso es un decreto que es público y que está en las páginas de la Presidencia”.

Y concluyó resaltando: “En este caso, dado que el señor Quintero no es ni ordenador del gasto ni la señora ha sido contratada por el sector ni él ha tenido injerencia en ese procedimiento de contratación, no existe, con información disponible, ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad diferente del caso que se nos presentó del señor Mayorquin en el que sí se abrió un proceso disciplinario que esperemos estemos fallando en los próximos días en primera instancia”.

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