Fiscal y procuradora le piden a Petro garantías de seguridad para adelantar investigaciones por el caso de Tierralta

En una carta dirigida al mandatario de los colombianos, tanto el fiscal Barbosa como la procuradora Cabello pidieron garantías para que sus funcionarios puedan adelantar sus investigaciones en el caso de Tierralta, Córdoba.

Fiscal y Procuradora piden al presidente Petro garantías de seguridad para adelantar investigaciones
(Colprensa y Cortesía Presidencia / VANGUARDIA)

El fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello le pidieron este jueves al presidente Gustavo Petro preservar el orden público para poder cumplir con sus actividades investigativas.

Barbosa y Cabello recordaron el ataque que sufrió el helicóptero en el que viajaba una comisión de investigación conformada por miembros de la Fiscalía, el Ministerio Público, las Fuerzas Militares, entre otras entidades, que viajaba a Tierralta, Córdoba, a verificar los actos de violencia que militares promovieron contra la población.

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“Nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones”, dijeron en una carta conjunta.

El Fiscal y la Procuradora reclamaron de Petro "la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores adscritos a las entidades que representamos puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia".

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Lo anterior, porque es necesario restablecer el orden público "frente a las circunstancias descritas, en orden a esclarecer no solo lo sucedido en la vereda El Manso, sino también el atentado en contra de la aeronave en la que se movilizaban nuestros delegados", resaltó uno de los apartes del mensaje.

Fiscal y procuradora le piden a Petro garantías de seguridad para adelantar investigaciones por el caso de Tierralta

"Sin estas garantías de seguridad, señor Presidente, no se podrá hacer efectiva la protección a los ciudadanos colombianos, en su honra y bienes, ni el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia", concluyeron Cabello y Barbosa.