De aprobarse el proyecto, los miembros de las organizaciones criminales tendrán dos años para acogerse a la norma. Si lo hacen, podrán conservar parte de sus bienes.
El Gobierno presentó ayer al Congreso un proyecto de ley que servirá de marco jurídico para el sometimiento de organizaciones armadas ilegales que no tienen estatus político para negociar la paz.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el del Interior, Alfonso Prada, fueron los encargados de radicar el proyecto de ley de sujeción a la Justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de grupos armados organizados de crimen de alto impacto, mejor conocido como “Ley de sometimiento”.
El presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al Gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, “para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”.
Detalles del proyecto
De aprobarse el proyecto, las llamadas bandas criminales tendrán un plazo de dos años para desarticularse voluntariamente y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos cometidos.
Igualmente, deben dar información a las autoridades sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas y, a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva.
Adicionalmente, quienes se acojan a la ley, en caso de ser aprobada, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras hacen actividades de restauración y de reparación a sus víctimas.
El proyecto de ley establece que quien vuelva a delinquir o a incumplir alguna de las condiciones purgará la máxima pena correspondiente a los delitos cometidos y, por consiguiente, perderá todas las rebajas y beneficios.
El texto dice también que los grupos delictivos deben entregar todos sus bienes, pero tendrán derecho a conservar el equivalente al 6 % de su valor, con un tope máximo de 10.000 salarios mínimos.
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en la creación de un fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa.
Oferta generosa
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el proyecto de ley “contiene una oferta generosa por parte del Estado a esas estructuras criminales de alto impacto”. “Si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa, esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tienen vocación política”, precisó Osuna.
El proyecto hace parte de la “paz total”, prioridad del presidente Gustavo Petro.