Causó mella la decisión de la Corte Constitucional de declarar el estado de cosas inconstitucional por el poco cumplimiento en materia de seguridad del Acuerdo de Paz por parte del gobierno de Iván Duque. Para el Presidente, la alta corte no reconoció los esfuerzos de su Gobierno.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el pasado jueves un ‘estado de cosas inconstitucional’ en el componente de seguridad de los excombatientes de las Farc, que son firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Esto tras revisar una serie de tutelas en las que ciudadanos alegaban sobre la inseguridad que afrontan los exguerrilleros que permanecen en las zonas de reincorporación de regiones como Nariño, Guaviare y Norte de Santander, en medio de su proceso de volver a la vida civil.
Según la Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, las irregularidades que han enfrentado los más de 13.000 excombatientes al reincorporarse a la vida civil han sido importantes.
Nubia Amparo Ortega Arcos aseguró en una tutela a la Corte que los firmantes del acuerdo han sido víctimas de riesgos y amenazas contra su vida, además, de la supuesta falta de compromiso por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, al parecer, no les ha proporcionado las medidas de seguridad que necesitan.
La Corte le dio la razón a los tutelantes y estimó que existe una grave crisis que ha afectado, de modo grave, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
La decisión incluye la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional, que verificará las órdenes dictadas en este fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad de los excombatientes. Lo anterior implica que la Corte les dará a múltiples entidades del Estado órdenes concretas y realizará un proceso de verificación de su cumplimiento.
¿Qué opina el Gobierno?
El presidente Iván Duque respondió que “no se vio a profundidad lo que se ha logrado en Colombia” y comparó los procesos de desmovilización y reincorporación de los últimos treinta años con el acuerdo firmado en La Habana, que ha sido implementado en su administración.
También inquirió por los perpetradores de los asesinatos de los firmantes de la paz, por los que el gobierno responsabiliza a las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo.
El mandatario argumentó que estas organizaciones criminales “se nutren del narcotráfico” y criticó que a su gobierno se le han limitado las herramientas para hacerles frente, principalmente en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas.
“Por un lado se limitan las herramientas para enfrentar al narcotráfico y por otro lado se está diciendo ahora que se están asesinando los líderes y que ese fenómeno es responsabilidad estatal”, indicó Duque.
