sábado, 04 julio 2020
miércoles 03 de junio de 2020 - 12:00 AM

¿Hasta dónde se pueden exigir datos?

La SIC señaló que ha estado acompañando al Gobierno en su rol asesor en las diferentes adecuaciones y desarrollos de la aplicación CoronApp con el fin de dar cumplimiento a lo que demanda la Constitución.
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Un paso atrás tuvo que dar la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de que en las redes sociales se desató una polémica por el decreto que exigía registrarse en la plataforma Bogotá Cuidadora para movilizarse por la ciudad en medio de la pandemia por la COVID-19. Esta controversia planteó el debate sobre qué límites existen para que los mandatarios locales manejen los datos de los ciudadanos.

Medellín me cuida, CoronApp y Bogotá Cuidadora son herramientas que se han diseñado en medio de la pandemia con el objetivo de facilitar el monitoreo de los contagios por la COVID-19, pero se ha venido advirtiendo por parte de diferentes sectores que puede haber una violación al derecho de habeas data, debido a que no se tiene certeza de cuál será el manejo de los datos personales.

De hecho, el procurador Fernando Carrillo aseguró que una pandemia no puede ser el pretexto para recortar derechos y libertades fundamentales. “Ese camino siempre pasa la línea de no retorno”, agregó.

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“Gracias por sus comentarios y aportes sobre Bogotá Cuidadora. Hay un parágrafo en el decreto que genera la confusión y vamos a derogarlo. Lo que todos debemos cumplir es salir a las actividades autorizadas por el gobierno nacional. Acreditarlo o no en la app es voluntario. Compartir información voluntaria nos puede ayudar mucho en organizar movilidad biosegura y cuidado epidemiológico ahora que más gente saldrá”, señaló la alcaldesa.

En este mismo sentido, y luego de un fallo de tutela que defendió el habeas data de una ciudadana, la Alcaldía de Medellín debió modificar también el tipo de información que les solicita a las personas, así como la obligatoriedad de la misma. Entre los cambios está que no es necesario entregar el número de celular para ubicar a los ciudadanos.

El constitucionalista Jorge Kenneth Burbano asegura que el derecho al manejo de los datos de la persona solo le pertenece a ella sin importar si se trata de su salud, alguna enfermedad o sobre su historia clínica.

Esto, dice, incluye la circulación de los datos personales, así como el almacenamiento de los mismos.

Es así como, según el experto, si el monitoreo de la movilidad o de la salud de la persona se hace sin su autorización se estarían violando sus derechos fundamentales, sin importar las circunstancias en las que se haga.

De ahí que tanto la Alcaldía de Bogotá como la de Medellín hayan tenido que desistir de la obligatoriedad en la entrega de datos o a convertir esta aplicación como una condición de para desplazarse en estos territorios.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó que el derecho de habeas data es fundamental en Colombia y las actuaciones de las entidades de derecho público, en este caso las alcaldías, están siendo monitoreadas con el objetivo de determinar si existen responsabilidades disciplinarias que deban ser remitidas a la Procuraduría General de la Nación para eventuales toma de decisiones.

Intromisión de derechos
David Andrés Murillo, abogado y profesor de la Universidad Libre, indica que para el caso de CoronApp, que es la aplicación que realiza el monitoreo desde el Gobierno nacional, habría una intromisión en los derechos de los ciudadanos cuando solicita que estos tengan activa la georreferenciación para conocer su ubicación.
En particular, agrega Murillo, se estaría entorpeciendo el derecho a la intimidad, a la libre locomoción y demás libertades que tienen los individuos como derecho, que a su juicio, vendría siendo el mismo problema que tenía la aplicación Medellín me Cuida, que pedía a los ciudadanos este registro para poder asistir a sus lugares de trabajo.
La preocupación de Murillo frente al caso de Bogotá y las demás aplicaciones está relacionada con el manejo posterior de los datos recolectados porque no hay certeza de lo que pasará con ellos una vez pase el momento de crisis. Tampoco se sabe cómo serán almacenados o procesados y señala que lo mejor sería tener certeza de que una vez concluya la emergencia estos sean eliminados.
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