El más reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP da cuenta que en el país, entre 2002 y 2008, se registraron más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales.
Las cifras fueron reveladas por la justicia transicional previo a que se conociera el borrador de imputación de cargos a altos mandos del Ejército por estos hechos.
Fuentes oficiales de la JEP le confirmaron a Colprensa que pese a que la imputación está aún como borrador, las decisiones sobre este caso se conocerán en el segundo semestre de este año.
Los denominados “falsos positivos” han sido por años la piedra en el zapato del Gobierno Nacional, pues en más de una ocasión se han adelantado investigaciones con el fin de establecer la responsabilidad en los hechos por parte miembros del Ejército en el mandato de expresidente Álvaro Uribe, pues según el informe, fue bajo su administración cuando se registraron el mayor número de víctimas por este flagelo.
Investigaciones de la Fiscalía General, así como informes de organizaciones de derechos humanos, e incluso testimonios de militares que fueron obligados a generar esta práctica, reposan en los despachos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación, y fue esta la encargada de avanzar con el protocolo de indagación que, finalmente, regirá las determinaciones que se tomen en el macrocaso número 3, denominado 'muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate'.
“Con el propósito de satisfacer de la mejor manera posible el derecho a la justicia de las víctimas, identificar y esclarecer los patrones de acción criminal e imputar la responsabilidad por los crímenes de sistema a los máximos responsables, la Sala considera que es útil y necesario abordar esta investigación a partir de criterios objetivos que permitan agrupar casos individuales en función de patrones criminales e identificar a los máximos responsables", reposa en el fallo que conoció COLPRENSA.
En este caso, la Sala adoptó una estrategia de investigación que va de “abajo hacia arriba” en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales. De esta forma, en primer lugar, identificará los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel regional y local. Posteriormente, y con base en la construcción realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional.
En medio de dichas estrategias, la JEP identificó los periodos de tiempo y lugares de ocurrencia de los hechos por los que iniciaría la investigación, así como las unidades militares a las que pertenecían los presuntos responsables de estos hechos. Esto, entre otras cosas, permitió identificar los 10 departamentos del país con mayor número de víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate y los periodos de mayor ocurrencia.
De acuerdo con el informe Antioquia es el departamento con más número de ejecuciones extrajudiciales en el país, seguido de Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca, manteniendo sus estadísticas entre 2002 y 2008.
