En su último informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, observa que continúa la crisis de derechos humanos y alerta una delicada situación en el Sur del Cesar.
El documento revela 480 casos de vulneraciones a los Derechos Humanos y DIH, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022.
En lo que va del 2022 sigue siendo una constante el ataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas. El Cinep obtuvo información del asesinato de 86 personas que ejercían liderazgo social.
Los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército son los principales perpetradores de las victimizaciones en el marco de las violaciones a los DDHH.
En cuanto a infracciones graves al DIHC, las disidencias de las Farc-EP y el Eln son los principales infractores. También se registró un gran volumen de victimizaciones sobre las cuales no se pudo identificar a los victimarios.
Regiones
El departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido por Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada, dice el informe.
El documento pone su atención a las vulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, una vinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro, más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y el Magdalena Medio.
El foco está en las dos últimas zonas de la región Cesar, donde se registraron 343 casos que involucran múltiples victimizaciones desde 2010 y en lo que va corrido de 2022 se denunciaron tres asesinatos de líderes sociales en la región, que evidencian la crisis humanitaria en dicho territorio.
El hecho más reciente ocurrió el 2 de agosto en el municipio de Tamalameque (Cesar), en donde asesinaron a José Luis Quiñones, líder campesino integrante de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario-CNA, quien lideraba procesos de recuperación de tierras en Tamalameque y Río de Oro (Cesar).
Las otras dos víctimas fueron los líderes campesinos Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alberto Tafur Acuña, quienes luchaban por el rescate de los playones comunales disputados entre la comunidad de pescadores y los terratenientes del Magdalena Medio, donde existían más de 60 ciénagas hoy desaparecidas.
“El movimiento social y campesino exige al gobierno nacional ir más allá de la implementación de puestos de mando unificados por la vida, medida que no deja de ser militarista. Es necesario que cesen los desalojos arbitrarios y las intimidaciones por parte de grupos paramilitares y por parte del mismo Estado. Es imprescindible que el gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos y dignifique el enfoque étnico de las comunidades afro que hacen presencia en la región. Urge la implementación de una verdadera política agraria que garantice el derecho sobre la tierra que tienen los campesinos y comunidades negras de la región del Centro y Sur del Cesar”, afirmó el Comité de Acción Jurídica Popular.
