Según las denuncias conocidas sobre el caso, serían varios guardianes del Inpec quienes presuntamente cobraban a las personas privadas de la libertad a cambio de varios beneficios ilegales al interior de la cárcel La Picota en Bogotá.
En este cartel de la corrupción se ofrecían varios servicios ilegales como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso de armas, drogas y licor, entre otras irregularidades a cambio de dinero, por lo que el ente de control abrió indagación contra “integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y funcionarios administrativos del centro penitenciario”.
Esta apertura de indagación incluye identificar a los presuntos irresponsables y determinar si se presentaron faltas disciplinarias por parte de servidores. Todo esto “a través de la solicitud de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnico-científicos, que buscarán aclarar los hechos denunciados en La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá”.