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La propuesta presentada por el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el sentido de que las personas que están recluidas en cárceles puedan tener una vida laboral y académica mientras están cumpliendo sus penas, ha generado críticas desde la oposición al Gobierno de Gustavo Petro y desde otras esferas.
El borrador del proyecto contempla que estos individuos con medidas de aseguramiento en prisión tengan permisos especiales por un breve periodo de tiempo. Esto, cabe aclarar, no es algo nuevo, pues en la actualidad algunos presos pueden salir hasta por 72 horas de esos lugares con avales especiales, pero en este caso el objetivo es que trabajen o utilicen el tiempo en servicios de utilidad pública.
La propuesta también está encaminada a reducir los indices de hacinamiento que tienen las cárceles del país, ya que, según las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en Colombia hay 98.464 presos, de los cuales 91.852 son hombres y 6.612 son mujeres. Esa población es superior a la capacidad de las prisiones, pues hay un hacinamiento del 21,3 %.
Expertos consultados por Vanguardia hablaron sobre las implicaciones que tiene la justicia restaurativa, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se intenta hacer este tipo de reformas. De igual forma, explicaron los beneficios que esta iniciativa podría traer a la sociedad.
David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre, considera que “uno de los elementos esenciales de la justicia restaurativa es la consecución de penas alternativas a la privación de la libertad de quienes han incurrido en conductas punibles”.
El experto indicó que este tipo de penas alternativas parte de “la importancia de superar la justicia retributiva y su núcleo esencial basado en la privación de la libertad, dada su poca efectividad al momento de resocializar a los infractores de la ley penal”.
Además, señala el docente de la Universidad Libre, tanto las cárceles como las penas, tal y como han sido concebidas y desarrolladas en Colombia, logran poca resocialización.
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De hecho, la gran mayoría de establecimientos carcelarios han mutado y hoy “son escuelas del crimen que en lugar de resolver un problema generan otros tantos”. Por tanto, la propuesta actual del Gobierno “busca reestructurar el sistema penal y penitenciario para alejarlo de la justicia retributiva y acercarlo a elementos de justicia restaurativa, mucho más eficientes a la hora de resocializar a infractores”.
Entre los objetivos está priorizar un enfoque de resocialización por medio de educación y trabajo, así como la garantía de reparación integral a las víctimas, es decir, que una persona pueda volver a la libertad si ha reparado el daño causado a la víctima y al grupo social al que pertenece.
En ese sentido, Luis Fernando Ramírez, docente e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, considera que hay que analizar, más allá de los beneficios de una justicia restaurativa, si es el momento adecuado para su implementación, dada la alta violencia que hay en el país, la inseguridad y lo que está pasando en materia de orden público.
De igual manera, Ramírez considera que hay que tener en cuenta todo lo relacionado con la política criminal y carcelaria.
Esto debido a que esta tiene mucha relación con el tipo de sociedad a la cual se aplique y, por supuesto, hay de por medio temas de cultura que tienen que ver con las instituciones y la fortaleza del Estado. “Todo eso, de una u otra manera, se conjuga para lograr bien sea un castigo efectivo o una resocialización en el caso de las personas que son condenadas”, explicó Ramírez.
Desde diversas orillas se han escuchado críticas sobre las propuesta de reforma a la justicia. El jefe del partido de derecha Salvación Nacional, Enrique Gómez, cuestionó que a los presos se les va a permitir “delinquir de día y a ser mantenidos por nosotros de noche. El desgobierno de los criminales”.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó que el Gobierno, “en lugar de resolver los problemas de quienes cumplen la ley, está siempre buscando formas de beneficiar a criminales”.
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El experto de la Universidad Sergio Arboleda argumenta que “pareciera que todo se conjuga en un comienzo con el tema de las negociaciones, las cuales se han dado con la ‘primera línea’ y grupos de narcotraficantes como con el Clan del Golfo, el Eln o las disidencias de las Farc. Es decir, pareciera que todo tiene que ver en últimas con un deseo de dar una serie de beneficios a unas personas que le han hecho mucho daño a la sociedad bajo el supuesto de lograr la famosa ‘paz total’”.
Sin embargo, para el docente David Murillo hay que advertir que “por décadas lo que ha primado en Colombia es una política penal y carcelaria que prioriza la privación de la libertad de las personas sin éxito alguno”.
El experto agregó que, en su concepto, “es hora de comprender y, por medio de actos pedagógicos, explicarle a la sociedad que pocas ventajas trae para el colectivo social privar a una persona de la libertad y alejarlo de la familia, cuando existen medios alternativos para que pague integralmente el perjuicio causado”.
El docente de la Universidad Libre concluyó diciendo que “no se trata de impunidad, se trata de buscar alternativas para resolver un problema estructural que aqueja a una gran parte de la población colombiana”.
En ese documento se contempla una reducción de las penas dependiendo del tipo de delitos. Incluso, la pena máxima para un detenido ya no sería de 60 años, sino de 40 años.
También, la posibilidad de trabajo no remunerado, permiso para salir de la cárcel en el día y volver en la noche casi que a pernoctar en las cárceles y la posibilidad de que el condenado presente a un juez un plan de acción alternativo a la detención carcelaria, diseñando la forma en la que pagarían su pena.
El borrador del articulado dice que “la autoridad judicial concederá permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que exceda de sesenta (60) días al año al condenado, siempre que estén dados los siguientes requisitos”.
