El informe señaló que la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc en esas zonas ocurre de manera diferenciada y sin las suficientes garantías de seguridad, lo que se refleja en el asesinato de al menos 234 excombatientes.
El conflicto armado se ha recrudecido en varias regiones del país por la pandemia de la COVID-19, que también dificulta la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron en noviembre de 2016.
Así lo señala el informe “Los impactos de la COVID-19 en la seguridad y la implementación del acuerdo de paz” de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que analizó la situación en cuatro de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
“En el Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido impactos negativos, directos e indirectos, sobre los esfuerzos de construcción de paz”, advirtió la FIP en el documento, cuya elaboración tuvo apoyo del Gobierno del Reino Unido.
Igualmente “ha propiciado, directa e indirectamente, condiciones para que la violencia armada se mantenga e incluso aumente”.
Las razones de esto, añadió la Fundación, son el aumento de la influencia de los grupos armados ilegales, “el reforzamiento de las medidas orientadas a ejercer control social y territorial por parte de esas facciones” y “el fortalecimiento de los dispositivos de la fuerza pública en el territorio como mecanismo para cumplir la cuarentena y combatir la delincuencia”.
Influencia grupos ilegales
Según información recogida sobre el terreno por la FIP, en las cuatro regiones “las medidas de cuarentena no han sido obstáculo para que los grupos ilegales mantengan su accionar armado”.
Como ejemplo de ello, menciona que Antioquia, donde está ubicado el Bajo Cauca, y Norte de Santander, en el que está el Catatumbo, “fueron dos de los tres departamentos que en el primer cuatrimestre de 2020 concentraron el 72 % de los combates de la fuerza pública contra los grupos armados organizados”.
En el Catatumbo, los riesgos de seguridad se han mantenido, incluso cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, hizo un cese el fuego unilateral durante todo abril.
“De hecho, durante el primer cuatrimestre del año, el 29% de las acciones de los grupos armados organizados se concentró en Norte de Santander.
Los enfrentamientos entre el Eln y el Epl, así como la influencia que empiezan a ejercer varias estructuras disidentes de las Farc siguen derivando en hechos violentos dirigidos contra la población civil”, detalló la FIP en el informe.
