A partir de Ley 100, en 1993, los profesores y profesoras en el país tienen un régimen especial de salud, que a lo largo de estas décadas ha presentado falencias. Expertos consideran que la reforma a la salud debe incluir este punto para darle solución.
Esta semana, docentes de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca, ocuparon la parte de afuera del Congreso, quienes decidieron irse a paro desde el pasado 16 de enero para pedirle al Estado que se responsabilice por la mala atención del sistema de salud del Magisterio.
Esta situación comprueba el fuerte dolor de cabeza para la agremiación docente que ha estado latente por muchos años.
Los docentes de instituciones educativas oficiales, en general, no forman parte del régimen general de salud. Hacen aportes en salud y pensiones al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, y el Gobierno, como empleador, aporta los recursos necesarios para garantizar sus prestaciones sociales.
Un fondo independiente
Fomag es el fondo encargado de manejar los recursos de la salud y pensión del Magisterio a través de la Fiduprevisora, una entidad financiera con régimen privado que conforme a un contrato de fiducia mercantil está suscrito al Gobierno nacional, un fondo que no cuenta con personería jurídica y por lo tanto tiene independencia patrimonial.
Este fondo cuenta con una junta directiva conformada por cinco personas, de las cuales tres son representantes del Gobierno a través de los ministerios de Hacienda, del Trabajo y de Educación. Los dos cupos restantes son para representantes de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.
El reclamo de Asoinca se relaciona con la entidad que tiene a su cargo la prestación del servicio de salud. Denuncian que Fecode, que agrupa a los sindicatos regionales, busca mantener a Cosmitet, entidad privada encargada de prestar el servicio de salud a través de alianzas con hospitales públicos, que, según ellos, no garantiza una eficiente prestación del servicio.
¿Por qué un régimen especial?
Cuando se aprobó la Ley 100, en 1993, los maestros se opusieron a que se les cobijara en el régimen general de salud, con el argumento de que en este régimen primaba el beneficio económico sobre el derecho a la salud. Además, significaría, según ellos, perder parte de sus beneficios.
Por ese motivo, se mantuvo un sistema que actualmente está dividido en 10 regiones, en cada una de las cuales existe una unión temporal que asume la intermediación que hoy en día tienen las EPS en el sistema general.
Las fallas en esta intermediación, sin embargo, desencadenaron una crisis en el sistema de salud de los docentes.
“Creo que una característica muy importante que tiene el Magisterio es esto de los contratos exclusivos por zonas geográficas. Quiere decir que los usuarios no tienen la posibilidad de escoger. Entonces si una red de estas, sea una unión temporal o sea Cosmitet, se queda con el contrato por cinco años, y vuelven y se lo adjudican nuevamente y así sucesivamente, pues los usuarios no tienen la posibilidad de escoger y siempre el prestador va a tener la excusa de decir, pues si no le gusta no tiene para donde irse”, dijo Ramón Abel Castaño, consultor en sistemas de salud.
No obstante, para los que defienden el régimen especial, integrar a los docentes en el sistema general de salud los llevaría a enfrentar los mismos inconvenientes que llevaron al Gobierno a proponer una reforma al sistema.
Dos sistemas
¿En qué se parece el sistema general al del Magisterio? Jonathan García, investigador de los sistemas de salud, explicó que la Fiduprevisora y la Adres son empresas industriales y comerciales del Estado. Ambas reciben recursos y los distribuyen.
Agregó que en el caso de la Adres, a las EPS e IPS se les da por giro directo; mientras que en la Fiduprevisora, a sus redes integrales.
“Como la fiduprevisora no puede contratar EPS para que administren servicios de salud, alguien debe hacer esta tarea así no haya EPS. Por esta razón, se dividió al país en regiones y mediante licitación se contrata una red en cada región”, indicó el experto.
Por estos problemas, el Gobierno ha planteado la posibilidad de que este sea uno de los temas que se incluya a la reforma a la salud.
